Horas después de que el magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz reactivara el caso Faisán, una de las partes personadas en la causa, la asociación Dignidad y Justicia ha solicitado al juez que proceda a la averiguación de tres números dependientes de la Subsecretaría del Ministerio de Interior que mantuvieron contactos con los imputados en la causa en los momentos previos y posteriores al soplo a ETA y que tome declaración a sus titulares en calidad de testigos.
Actualmente, están imputados este procedimiento judicial el ex director general de Policía y dirigente del PSE en Álava Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco y un inspector de la Brigada de Información de Álava, responsables policiales en el momento en el que se produjo el chivatazo en torno al bar Faisán de Irún el 4 de mayo de 2006.
En el escrito de la asociación que preside Daniel Portero, al que ha tenido acceso Libertad Digital, se señala que el tráfico de las llamadas registradas con estos tres números dependientes de Interior entre el 1 de mayo de 2006 al 16 de septiembre de 2006 no constan en el informe policial fechado el 23 de enero de 2007.
Por este motivo, y porque las relaciones telefónicas que se producen entre el Jefe Superior de Policía y el Director General de la Policía y los números pertenecientes al Ministerio de Interior que encabeza Alfredo Pérez Rubalcaba "gozan de relevancia e interés suficiente" la asociación de Portero quiere que sean tenidos en cuenta "a la hora de esclarecer los hechos objeto de investigación puesto que dichas llamadas quedan enmarcadas dentro del espacio temporal en el que se producen las llamadas entre los imputados y las personas que han sido investigadas como presuntos autores de la delación del día 4 de mayo".
En el informe de las víctimas se muestra de forma detallada las llamadas registradas entre miembros de la cúpula policial, los presuntos autores del chivatazo, y los miembros de la Subsecretaría de Interior.
Entre las nuevas diligencias solicitadas por el magistrado Pablo Ruz este lunes el instructor pidió a la Policía que le explicase cómo se hace el estudio de las llamadas y si existe otra posibilidad como que se hicieran llamadas de tipo prepago con teléfonos móviles que no quedaron registradas en el informe inicial.
Además, Ruz se dirigió también a los técnicos de Telefónica que realizaron la pericia sobre el tráfico de llamadas relativos al "chivatazo" para que amplíen su informe por si no han tenido en cuenta los repetidores situados en Francia, ya que el bar está situado al lado de la frontera.
Por otro lado, Dignidad y Justicia pide que comparezca un comisario superior al jefe del equipo conjunto de investigación, Carlos G., que elaboró un informe en el que defendía que durante el 3 de mayo de 2006, el día anterior al chivatazo, éste "fue reticente en diversos momentos a la realización" de las detenciones contra el aparato de extorsión "argumentando que era una operación que conllevaba riesgos políticos, dado el momento de tregua de ETA, así como la presunta implicación de un miembro destacado del PNV, Gorka Aguirre".
La asociación quiere que este mando policial, que en la actualidad trabaja en el Instituto de Estudios de la Policía según informa Europa Press, declare "por primera vez" durante la instrucción, ya que su testimonio fue rechazado por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, que en febrero de 2009 obligó al juez Baltasar Garzón a realizar nuevas diligencias.
En concreto, DyJ pretende que se expliquen las "contradicciones" que, a su juicio, existen entre el informe policial y la declaración de Carlos G., que aseguró que en el momento del chivatazo "intentaba activar la operación" desde el despacho del juez Fernando Grande-Marlaska, que dirigía la operación. Según el escrito de DyJ, su informe pone "en tela de juicio la actuación profesional" del jefe de la investigación.
Además, la asociación solicita que se pregunte al Cuerpo Nacional de Policía si existe algún informe elaborado por el departamento de Asuntos Internos en relación a "la actuación llevada a cabo por los funcionarios policiales que participaron en la operación franco-española para detener a los integrantes del aparato de extorsión de la organización terrorista ETA".