LD (Ángela Martialay) Llegó la hora de que los buenos propósitos comiencen a ponerse en práctica. El Plan de Modernización que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó el pasado día 12 será estudiado con representantes del Ministerio de Justicia este jueves en la Comisión Mixta, Justicia- Consejo. En dicho plan se recogen varias de las reivindicaciones realizadas por la Carrera Judicial.
Entre los asuntos que esta Comisión tratará se encuentran las reformas legislativas procesales en materia penal y civil, la demarcación y la planta Judicial, la modernización informática, el papel de los funcionarios interinos, los criterios retributivos de jueces y magistrados en sustitución de módulos, así como los refuerzos urgente en la jurisdicción mercantil (desbordada por la crisis) y la violencia sobre la mujer. Fuentes del Consejo estiman que 6 meses es un tiempo óptimo para que algunas de estas reformas comiencen a ver la luz.
La representación del Ministerio de Justicia, que encabeza Mariano Fernández Bermejo, la ejercerán el secretario de Estado, Julio Pérez, el secretario general de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia, Julio Martínez, y la directora general de Modernización, Pilar Rodríguez. Por parte del CGPJ estarán presentes los vocales Antonio Dorado, José Manuel Gómez Benítez, Ramón Camp, Manuel Almenar y la portavoz de este órgano.
Consejo, Gobierno y CCAA, en la "misma dirección"
Tal y como ha señalado la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, si bien el órgano de gobierno de los jueces carece de potestad legislativa y presupuestaria para llevar a la práctica algunas de las iniciativas que se esbozan el Plan de Modernización, “se instará al Ministerio a que lleve a cabo estas medidas”. Bravo apuesta porque “Consejo, Ministerio y Comunidades Autónomas caminen en la misma dirección”.
Por otra parte, el pleno del Consejo acordó este miércoles dirigirse al Gobierno y a los grupos parlamentarios a fin de que se proceda a la urgente modificación de la LOPJ para suprimir o modificar el ascenso forzoso, tal y como reivindican los jueces. Tema que previsiblemente se abordará en esta reunión.
De esta forma, Bravo asegura que el CGPJ cumple con su compromiso de “liderar” la reforma de la Administración de Justicia. Un compromiso sellado en las sucesivas reuniones mantenidas con los representantes de las asociaciones judiciales y los representantes de los jueces decanos en estos dos meses de andadura del nuevo órgano de gobierno de los jueces.
La judicatura, en pie de guerra
Sin embargo, de momento los ánimos en la Carrera Judicial no se han apaciguado. El conocido ya como Movimiento del 8 de octubre, que unió a jueces, magistrados y secretarios bajo unos principios comunes resumidos en la mejora de medios materiales y personales de la Adminstración, se mantiene vivo y con fuerza. Prueba de ello es la convocatoria de huelga que los jueces de Murcia o Extremadura ha aprobado firmemente el próximo 18 de febrero.
En este sentido, la portavoz del Consejo ha declarado que esta institución “no va a tolerar actuaciones o acuerdos ilegales". Además, Bravo ha añadido que este órgano no se siente responsable de forma exclusiva del malestar de la carrera judicial porque "las deficiencias que denuncian se arrastran desde hace muchos años".
La portavoz también ha explicado que confían en el “sentido común” de los jueces porque éstos saben que son un Poder del Estado y ha hecho hincapié en que "es difícilmente explicable a los ciudadanos que uno de los tres Poderes del Estado esté en huelga".