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El Congreso rechaza el cese de Conde Pumpido que solicitaba Rosa Díez

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha rechazado  una proposición no de ley de Rosa Díez que solicitaba el cese del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, por permitir que más de 40 ayuntamientos vascos estén gobernados por terroristas.

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La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha rechazado  una proposición no de ley de Rosa Díez que solicitaba el cese del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, por permitir que más de 40 ayuntamientos vascos estén gobernados por terroristas.

L D (EFE) Únicamente el PP ha apoyado la iniciativa de Rosa Díez, quien ha acusado a Conde-Pumpido de "arbitrariedad" y de actuar con un criterio partidista que ha tenido "consecuencias nefastas" para la democracia, la libertad y la seguridad de los españoles, ya que ha permitido que "los terroristas tengan más a tiro" a los ciudadanos.

Durante el debate, la diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha recordado que la Fiscalía General del Estado decidió "por una estrategia política" no impugnar una serie de candidaturas de ANV que se presentaban a las elecciones municipales de 2007, y que "con conocimiento de causa" dejó que llegaran a los ayuntamientos listas y personas que hoy han sido declaradas por los tribunales parte del entramado de ETA.

Aunque Rosa Díez ha reconocido que el fiscal general "ha decidido" ahora "hacer su trabajo" y evitar que las candidaturas sospechosas puedan presentarse a las próximas elecciones vascas, considera que, "siendo correcta la decisión actual, no es más que una manifestación de esa arbitrariedad".

Según Díez, "el pasado 9 de mayo, cuando presentamos esta proposición no de ley, estaba políticamente probado que el Fiscal --en manifiesto incumplimiento de sus funciones constitucionales establecidas en el artículo 124.1 de la Constitución Española-- , había actuado con un criterio arbitrario".

Es más, ha asegurado, "estaba probado que la Fiscalía General a la hora de decidir qué candidaturas de ANV se impugnaban y cuáles no, no obró con criterios justos porque tenía conocimiento de que algunas de estas candidaturas – según los informes de la Guardia Civil  y de la Policía-, habían  sido excluidas por pertenecer al entramado de ETA". Así, según la diputada, el Fiscal, con conocimiento de causa, dejó que entraran algunas candidatura y dejó pasar otras. “Todos ellos tenían implicaciones y vinculaciones contrastadas, verificadas y manifiestas con la ilegalizada Herri Batasuna. Sin embargo, la Fiscalía decidió no impugnarlas  porque estaba en una estrategia política y partidaria”, ha concluido.

 

La petición de cese de Conde-Púmpido sólo ha contado con el apoyo del Partido Popular, cuyo portavoz en materia de Justicia, Federico Trillo, ha recordado que el hoy "débil" Pacto de la Justicia alcanzado con el Gobierno no abarca al fiscal general del Estado.

Trillo ha insistido en que el PP no se fía de Conde-Pumpido, aunque también reconoce que sus últimas decisiones "acertadas" han venido a corregir las "desacertadísimas" de la legislatura anterior. Para el diputado popular la actuación del fiscal general durante el llamado proceso de paz fue "degradante para la Fiscalía y para el Estado", porque actuó tarde y mal en relación con PCTV y ANV.

Además cree que en esta legislatura no ha cambiado, como ha demostrado con la sentencia de ilegalización de ANV, proceso en el que, según Trillo, la Fiscalía "ha arrastrado los pies" y no ha instado a su ejecución en dos meses y medio. "Eso agrava las culpas políticas" del fiscal general del Estado, ha sentenciado Trillo.

Sin embargo, el diputado del PSOE Julio Villarrubia ha defendido la trayectoria y la idoneidad de Cándido Conde-Pumpido para el cargo de fiscal general, puesto para el que -ha recordado- ya fue avalado por el Congreso antes de su último nombramiento.

Según Villarrubia, la petición de cese es "extemporánea" ya que desde que se presentó esta iniciativa de Rosa Díez -el 9 de mayo de 2008-, Conde-Pumpido ha sido renovado en el cargo con los informes favorables del Parlamento, el Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno.

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