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El País asegura sin pruebas que Comunidad de Madrid tiene un equipo de espías

El principal editorial del diario de PRISA de este lunes se da prisa en esparcir las acusaciones sobre el presunto caso de supuesto espionaje en Madrid, dando por hecho lo que, por ahora, está muy lejos de probar con sus informaciones.

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Javier Moreno, director de El País (Archivo).

(Libertad Digital) A pesar de que por lo pronto lo único que nos ha ofrecido El País han sido unos "partes" sin firma, rúbrica o membrete alguno y cuya procedencia se desconoce, el editorial del periódico de este lunes no duda en dar por hecho que "La Comunidad de Madrid cuenta con un servicio de espionaje ilegal, nutrido con dinero público y dirigido desde despachos oficiales".

El propio redactor de estas informaciones, Francisco Mercado (que como bien recordó este domingo Juan José Güemes ya logró un éxito periodístico importante al acusar a Zaplana de hacer regalos a su madre cuando ya llevaba más de 30 años muerta), negaba ante el juez este pasado viernes que tuviese alguna prueba de que Esperanza Aguirre siquiera conociese algo de esta presunta trama.

No obstante, El País lo tiene muy claro y afirma que ese espionaje "es el núcleo indiscutible de los hechos, corroborados por abundante documentación, testimonios de personas espiadas e incluso confusas explicaciones de algunos sospechosos de haber espiado".  

Resulta llamativo que unas explicaciones confusas puedan corroborar algo, pero todavía lo es más que los ocho folios mecanografiados a los que El País llama "partes" (porque no tienen ni la entidad suficiente como para llamarles "informes") y las dos fotografías del consejero Granados que hasta ahora se han dado a conocer puedan considerarse "abundante documentación".

Granados es, precisamente, uno de los objetivos contra los que el periódico de PRISA dispara sus "argumentos". Así, asegura el editorialista que "hay constancia y testigos" de que además de las actividades de contravigilancia y seguridad que el propio consejero reconoce, "se realizaron pesquisas sobre la corrupción municipal en Ciempozuelos, las mafias de las discotecas o la trama policial de Coslada". Por supuesto, no se explica de dónde nace esa constancia, pese a lo cual el artículo se permite "conjeturar que las redes de espionaje forman parte de una actividad más amplia a cargo de una o varias células a las órdenes de una o más consejerías".

En un rapto de sinceridad, El País reconoce que su información está siendo tomada a chirigota por bastante gente (entre ellos el ministro de Interior, nada más y nada menos): "Muchos han venido despachando con chistes, a veces de fondo condescendiente, sobre unos falsos servicios de inteligencia comparables a ridículos personajes del cine o del cómic". No obstante, en el siguiente párrafo el editorial toma un tono campanudo para afirmar que "Estamos ante un caso muy serio, en el que hay que aclarar el exacto organigrama del equipo o equipos de espías".

A pesar de haber reconocido lo mucho que queda por aclarar sólo unas líneas antes, El País termina su editorial afirmando que, pese a no tener pruebas, eso no exime a los "culpables": "La falta de un cuadro completo no significa que no haya caso o que nada tenga que ver la Comunidad, al igual que la inexistencia del arma humeante no constituye prueba de que no se haya cometido un asesinato por bala cuando hay cadáver y hay herida mortal que lo demuestran".

Lo malo es si, como parece el caso, no sólo no hay arma humeante sino que parece que tampoco herida de bala, ni casquillo ni cadáver ni otra cosa que una colección deshilachada de "partes" y testimonios anónimos.

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