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El País insinúa que la juez Alaya sirve al PP

El País carga duramente contra Mercedes Alaya, la juez del caso Mercasevilla en el que están implicados altos cargos socialistas. También fue quien admitió a trámite la querella contra IU, socios de gobierno del PSOE, por censurar el homenaje a Agustín de Foxá.

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Mercedes Alaya es la juez del caso Mercasevilla, en el que altos cargos socialistas han intentado cobrar comisiones ilegales para la Junta de Andalucía a dos empresarios y se ha adjudicado, al parecer ilegalmente, un terreno a Sando a cambio de ayudas para la Fundación controlada por el Ayuntamiento regido por el PSOE e IU.

También es la juez que admitió a trámite la querella contra IU, socios de gobierno del PSOE, por censurar el homenaje a Agustín de Foxá. El País, diario de la órbita socialista, dice hoy que "la batalla que libra el PP en contra del alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, ha estado este año apoyada en las resoluciones de Alaya. Casi puntualmente el PP ofrece una rueda de prensa con las novedades del caso."Si esto no es un insinuación insidiosa de una relación espuria de la juez con el PP que venga Dios y lo vea".

El País se lamenta del rechazo de la juez Mercedes Alaya a la personación del PSOE en el caso Mercasevilla y recuerda que el letrado del partido socialista la rebatió así: "La instructora no está legalmente habilitada para efectuar valoraciones políticas, que deben figurar extramuros del contenido de unas diligencias penales: en un estado de derecho, las valoraciones políticas pertenecen a un ámbito externo al propio procedimiento penal y deben efectuarse por quienes se dedican a dicha actividad".

Finalmente, la juez admitió la personación del PSOE tras mejorar su argumentación el partido: "Injustificada y lamentable por sobrepasar los límites de la dialéctica procesal, es la suposición de que en las presentes diligencias por prevaricación esta instructora admite la presencia de unos y excluye la de otros. Nada más incierto".

Sin embargo, tiene que admitir El País que Mercedes Alaya obtuvo su licenciatura en 1987 con excelentes calificaciones y que lleva más de una década en su juzgado actual. También debe admitir que Alaya no secundó las dos convocatorias de huelga de los jueces contra el Gobierno, pero subraya que en la última, la del pasado 8 de octubre, acudió a la concentración de protesta frente a la Audiencia.

Luego aporta testimonios sin nombres ni apellidos de letrados como los que siguen:

"No busca la verdad, sino ratificar como sea una idea preconcebida de un asunto. Coge una linde con un sesgo increíble, tiene una mentalidad dirigida y una incapacidad para ser flexible", critica un letrado.

Otros abogados consultados juzgan negativamente su "perfil inquisitivo", a pesar de que investigar una causa en ocasiones requiere preguntar a testigos e imputados hasta el exceso.

"La realidad es que amedrenta al interrogado después de mirarle a los ojos. Es seria y trabajadora, pero también impulsiva y con un estilo deslizado hacia una tónica inquisitiva. Los jueces de instrucción deben trabajar a partir de una hipótesis de trabajo criminal. Ella debe dotar de fuerza una hipótesis de trabajo y es muy difícil que no se implique para el logro de una instrucción. No es fácil descabalgarse", resume un letrado.

Una insidia de libro.

¿Cierre de Mercasevilla?

Hoy se ha sabido gracias a ABC que Mercasevilla tiene el dudoso honor de haber sido el mercado en el que más inmaduros se han vendido de España. Por ello, los inspectores veterinarios de la Junta lo han cifrado en 1,8 millones de euros la multa a imponer siguiendo instrucciones de la UE. Pero la multa no se ha impuesto a los mayoristas que cometieron la irregularidad, sino a la empresa, que, al parecer, amparó el comportamiento irregular. Mercasevilla puede cerrar, los números no encajan y la incertidumbre es absoluta. Y aún es posible que no se haya descubierto ni la mitad del escándalo.

Mercasevilla no puede hacer frente al pago de casi dos millones de euros en dinero líquido, y Jordi Maymó, actual gerente, ha anunciado a los mayoristas de pescado que ellos deben pagar ese dinero. Y si no es así, la empresa no tendrá más remedio que cerrar. Para algunos, la amenaza no es más que una medida de presión del gerente para solucionar su conflicto con los mayoristas. Para otros, es lo inevitable.

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