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El PSOE bloquea la investigación de los ERE y el empresario Pardal señala a Javier de Paz

Mientras los socialistas rechazan que se haga una comisión de investigación de los ERE, u empresario señala a Javier de Paz, amigo de Zapatero.

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El empresario sevillano Antonio Pardal, dueño de Larena98, que tenía un derecho de superficie sobre los terrenos de Mercasevilla, ha denunciado la maquinación que, en su opinión, realizaron altos cargos del Ayuntamiento hispalense y de la empresa municipal-estatal para favorecer a otra sociedad en el concurso de la venta de suelos de Mercasevilla, considerado "fraudulento" por la jueza Alaya.

Pardal acusa a Javier de Paz, ex responsable de Juventudes Socialistas y ex presidente de Mercasa, accionista de Mercasevilla, de ser uno de los responsables del caso, aunque "se ha ido de rositas" gracias a que fue compañero de baloncesto de Zapatero.

Preguntado por la responsabilidad de lo que ha pasado en entrevista con ABC, Pardal responde:

"La culpa de lo que pasó es de Monteseirín, de IU y del socialista Javier de Paz, presidente de Mercasa (accionista del 49% de Mercasevilla), ex secretario general de las Juventudes Socialistas y compañero de baloncesto de Zapatero. Este señor se ha ido de rositas, a pesar de que nada se hacía en Mercasevilla sin su autorización."

Y añade, sobre el teniente de Alcalde Antonio Rodrigo Torrijos:

"A mí llegó una persona en nombre de Torrijos y me pidió cien millones de pesetas para que la operación se hiciera. Me dijo que era la práctica habitual. A mí me decían en Mercasevilla que había que convencer a Torrijos para aprobar operaciones porque él mandaba más que el alcalde.

—¿Quién era el presunto «mandado» de Torrijos?

—No me acuerdo de su nombre, pero sí de su cara."

Antonio Pardal, dueño de Larena 98, nació en Écija en 1938. Tras haber hecho 4.000 naves industriales en España, Mercasevilla solicitó sus servicios y ahí comenzó el problema. Los documentos que ha aportado a la Policía, según el mismo periódico, han destapado concursos "amañados", extorsiones, pago en dinero B, facturas falsas y la financiación de programas del PSOE con dinero de empresarios Pardal asegura no tener miedo «porque cuando uno llega a una edad es más valiente».

El PSOE bloque la investigación del caso Mercasevilla y culpa al PP y a sus gobiernos de introducir a prejubilados socialistas y ugetistas en los ERE.

Es ya el colmo de los colmos. El PSOE intenta inculpar a Zoido y Zaplana por tramitar los expedientes de Río Tinto que eran preparados por el PSOE desde la Junta, Chaves acusó directamente a los ex ministros de Trabajo del PP, Javier Arenas y Eduardo Zaplana, y al ex delegado del Gobierno y hoy candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, por haber aprobado los ERE de la empresa Riotinto y de haber conocido la lista de los prejubilados.

La misma teoría fue sostenida horas antes en Sevilla por la Junta de Andalucía, cuya titular de Presidencia, Mar Moreno, quien señaló a Zoido como «responsable político» del expediente porque «validó, a instancias del Ministerio, la lista de los prejubilados y trabajadores que aportaban los sindicatos». Tal y como ha informado ABC en los últimos días, la lista de incluidos en el plan y sus vidas laborales eran determinadas por los sindicatos y la Junta, y el Gobierno se limitaba a aplicar los coeficientes correspondientes al cargo. La propia empresa se negó a firmar el acuerdo ante la alteración en las vidas laborales presentadas al Ministerio por la Junta y los sindicatos.

Pero Zoido, por la noche, en un programa de televisión dijo que "me tienen que explicar qué interés tendría yo o el PP en colocar a gente socialista y ugetista en unos ERE que hacía la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE".

Pese a la estrategia de presentar al PP como responsable de las irregularidades, el PSOE bloquea la investigación del escándalo. No sólo impidiendo las comisiones de investigación calificaadas ahora de instrumento en "desuso"(seguramente por los 16 años de gobiernos socialistas en las que no ha prosperado ninguna). También impide la comparecencia del Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, para explicar su comportamiento y el de todas sus fiscalías, especialmente, las andaluzas, en el caso.

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