L D (Europa Press) Con este último borrador y que todavía es susceptible de nuevas modificaciones, el PSOE y las minorías tratan de salvar las reticencias del PP a "trocear" las conclusiones matizando algunas expresiones más críticas con la etapa de Gobierno de Aznar, y conseguir el apoyo de los populares para dar “carpetazo” a la comisión del 11-M.
Así, se elimina del documento inicial una referencia a que "la ausencia de una prevención adecuada del 11-M pudo tener que ver con la falta de coordinación entre los agentes públicos de seguridad" También se suprime una mención a "los limitados conocimientos especializados sobre terrorismo internacional y la dispersión de causas (judiciales) han influido en carencias jurisdiccionales importantes".
En el capítulo dedicado a las víctimas, los promotores del documentos eliminan las dos menciones al Alto Comisionado para la Atención de las Víctimas que figuraban en el documento original, máxime habida cuenta de las críticas del PP y la petición de dimisión de la Asociación de Víctimas del Terrorismo hacia la figura que representa Gregorio Peces Barba. Igualmente, y por deseo de la plataforma de afectados por la masacre del 11-M, que preside Pilar Manjón, suprimen la recomendación de erigir monumentos en honor de los fallecidos en los atentados.
Como novedad incorporada a este capítulo de atención a las víctimas, se insta a que las entidades gestores de la Seguridad Social agilicen los trámites para la declaración de los grados de invalidez e incapacidad, flexibilizando en la medida de lo posible los requisitos establecidos y agilizando las gestiones para el reconocimiento de las oportunas pensiones. Del mismo modo, señalan que sería conveniente que el cobro de pensiones se hiciera compatible con la realización de un trabajo remunerado.
En esta misma sección, añaden que hay que modificar varios artículos de la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo para permitir que los daños indemnizables lo sean cualquiera que sea la fecha en que ocurriera el hecho criminal y con una limitación temporal para reclamar superior a la prevista.
Intervención del Ejercito en "coyunturas excepcionales"
Respecto a las medidas para reforzar la seguridad del Estado, se ha incluido la necesidad de perfeccionar la colaboración de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo "ante coyunturas excepcionales y alarmas específicas".
Además, el PSOE ha optado por suprimir la propuesta de "reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para permitir, bajo el debido control judicial, el régimen de intervenciones telefónicas en investigación antiterrorista sea distinto del común, atendida la gravedad del hecho criminal que persigue". Esta idea había chocado con los recelos de los nacionalistas vascos y catalanes , PNV y ERC.
Paralelamente, se perfilan más algunos aspectos de las bases de datos compartidas entre Fuerzas de Seguridad con el fin de que el flujo de información sea, además de ágil y fiable, "seguro para garantizar la confidencialidad de los datos almacenados". Igualmente, se destaca que las bases de datos de la Policía Local han de estar "homologadas" a las del resto de cuerpos, que podrán acceder a las mismas.
De la misma forma, en este último borrador se apuesta por realizar una modificación legal para incluir aquellas informaciones policiales de extranjeros que versen sobre antecedentes penales de personas con posibles residencia en España que haya cometido delitos de terrorismo o colaboren con terroristas, una información que podrá almacenarse en bases de datos especificas sujetas a las limitaciones legales. También se defiende fomentar el intercambio de información policial a nivel europeo con la creación de bases de datos comunes de huellas dactilares, balísticas, ADN y datos biométricos.
Control de presos musulmanes y traductores de árabe
La principal novedad del documento es un nuevo capítulo con medidas de política penitenciaria, un tema que inicialmente no se había tocado, donde se plantea que en los servicios centrales de la Dirección General, así como en los centros en los que hay un número importante de reclusos musulmanes, haya personal dedicado a la traducción y análisis de la información generada por este colectivo de presos musulmanes en idioma árabe y una gestión penitenciaria cualificada.
También se propone la inclusión en el fichero de internos de especial seguimiento de un apartado específico para los que estén incursos en causas de terrorismo islámico; la aplicación de una política de dispersión por las cárceles y un control de sus comunicaciones y visitas; el desarrollo de un plan formativo sobre el colectivo árabe musulmán dirigido a los mandos de las prisiones; y potenciar el trabajo y la formación de los internos musulmanes como patrón de conducta integrador con el resto de internos.
Asimismo, se destaca la necesidad de que haya una comunicación permanente y fluida de los servicios de seguridad penitenciarios con los servicios policiales de información, que se intensifiquen las medidas de control sobre los reclusos que muestren conductas de presión sobre otros internos o pretendan su captación hacia ideas integristas islamistas, y que se establezcan mecanismos de información con las autoridades judiciales que conocen de los procedimientos.
Por contra, donde el documento de PSOE e IU-ICV ha sufrido el mayor recorte es en lo relativo a las medidas orientadas al control del radicalismo en la comunidad musulmana. Así, se elimina que la advertencia de que "las personas que profesan la religión musulmana –sean guías espirituales o meros seguidores– deben asumir que el terrorismo fundamentalista utiliza sus creencias perversamente para ir de manera ciega contra el ser humano, justo la razón de existir de esa fe".
Tampoco pasa el 'filtro' de la negociación esa idea de diseñar un "catálogo de causas tasadas posibles para la disolución de agrupaciones religiosas o suspensión de las actividades de las mismas", o los "requisitos y condiciones para que determinadas personas puedan ser consideradas como ministros de culto islámico, así como el reconocimiento de las categorías acuñadas en el derecho y la tradición islámica (imanes, ulemas y los mufis)".
Estas medidas de control habían sido cuestionadas por algunos grupos parlamentarios y habían sido acogidas con recelo por parte de los responsables de la comunidad islámica española. Eso sí, el documento recoge ahora "un completo desarrollo del acuerdo entre el Estado español y los responsables de la religión musulmana para permitir un apoyo económico a las organizaciones islámicas", así como que se facilite, apoye y considere con respeto a aquellos que realizan labores directivas en la religión musulmana, como medio para aislar a los violentos.
Respaldo económico a asociaciones islámicas no integristas
Tampoco pasa el “filtro” de la negociación esa idea de diseñar un "catálogo de causas tasadas posibles para la disolución de agrupaciones religiosas o suspensión de las actividades de las mismas", o los "requisitos y condiciones para que determinadas personas puedan ser consideradas como ministros de culto islámico, así como el reconocimiento de las categorías acuñadas en el derecho y la tradición islámica (imanes, ulemas y los mufis)".
Estas medidas de control habían sido cuestionadas por algunos grupos parlamentarios y habían sido acogidas con recelo por parte de los responsables de la comunidad islámica española. Eso sí, el documento recoge ahora "un completo desarrollo del acuerdo entre el Estado español y los responsables de la religión musulmana para permitir un apoyo económico a las organizaciones islámicas", así como que se facilite, apoye y considere con respeto a aquellos que realizan labores directivas en la religión musulmana, como medio para aislar a los violentos.