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El PSOE mantiene "confianza plena" en las dos diputadas del PSM acusadas de prevaricación

A pesar de estar acusadas por prevaricación, el PSM dice confiar en las dos diputadas de Madrid implicadas en un caso de corrupción. No tienen previsto llevar a cabo ninguna medida contra ellas. Una de las acusadas es la número dos de Tomás Gómez.

ld / europa press
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La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez, ha mostrado este viernes su "confianza plena" en la secretaria de Organización del Partido Socialista de Madrid, Trinidad Rollán, y su "enorme preocupación" por que el vicepresidente regional, Ignacio González, haya tenido acceso a la información de la Fiscalía de Madrid sobre la petición de inhabilitación por el caso Patrimonio Siglo XXI "sin que sea conocida por las partes".

Tras la presentación de unas jornadas que se celebran esta mañana en la Asamblea sobre la situación de la Cañada Real Galiana, Menéndez manifestó que le causó una "gran sorpresa" que fuera el vicepresidente de la Comunidad el que diera anuncio de esta petición de la Fiscalía.

"Es un hecho especialmente grave. Es una utilización del Gobierno del Partido Popular para establecer una cortina de humo en un momento en el que el Gobierno se encuentra invadido por la trama Gürtel", agregó.

La Fiscalía de la Comunidad de Madrid reclama en un escrito de acusación, con fecha 30 de marzo, la inhabilitación de empleo o cargo público de Rollán, así como de toda la Corporación municipal de Torrejón de Ardoz en el año 2001 por su implicación en el caso Patrimonio Siglo XXI.

Durante el pleno de la Asamblea de Madrid, González aportó un escrito de acusación de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid con fecha de 30 de marzo que dice que en 2001 la Corporación de Torrejón, en la que se encontraba Rollán y la diputada regional del PSOE Esperanza Rozas, votó favorablemente un convenio urbanístico entre el Consistorio y la entidad Patrimonio Siglo XXI S.A., por valor de 539.291.000 pesetas (3,2 millones de euros euros), a pesar de que durante el pleno "se puso de relieve la ilegalidad del convenio" y los miembros del equipo de gobierno eran "plenamente conscientes de su ilegalidad".

En un escrito con entrada en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el pasado 30 de marzo, el fiscal acusa a Trinidad Rollán y a otros trece concejales -nueve del PSOE y cuatro del Partido Demócrata Español (PADE)- de haber aprobado un "convenio urbanístico" a pesar de que el secretario del Ayuntamiento y el interventor les advirtieron de su "ilegalidad".

El fiscal solicita la misma pena de "ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público" para los trece concejales más la alcaldesa que aprobaron ese convenio en el pleno municipal, entre ellos la también hoy diputada socialista en la Asamblea de Madrid Esperanza Rojas.

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