Se tratará de la tercera ocasión en la que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 comparece como imputado ante el alto tribunal en los últimos meses, tras haber declarado ya los pasados 9 de septiembre y 15 de abril en relación con las otras dos querellas que se tramitan contra él, la primera por prevaricar al investigar las desapariciones del franquismo y la segunda por un presunto cohecho y prevaricación en relación con los cobros que obtuvo por dirigir unos cursos en la Universidad de Nueva York.
El pasado 16 de abril el Supremo confirmó la admisión a trámite de la tercera querella contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, presentada como acusador particular por el ex fiscal de este órgano y abogado de uno de los imputados del 'caso Gürtel' Ignacio Peláez.
Peláez es el abogado del empresario imputado en la "Gürtel" José Luis Ulibarri, aunque después se adhirieron los abogados José Antonio Choclán, en nombre de Francisco Correa, y Gonzalo Rodríguez-Mourullo, en representación de Pablo Crespo, todos ellos como acusaciones particulares. La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló después todas las escuchas autorizadas por el juez Garzón , al considerarlas ilegales por vulnerar el derecho fundamental al derecho a la defensa.
En el auto del pasado febrero, en el que se nombraba instructor de la causa al magistrado de lo Penal Alberto Jorge Barriero, la Sala Segunda del Supremo ya afirmaba que no existían "razones suficientes para excluir con toda certeza la hipótesis de la existencia de los delitos mencionados" en la querella.
Peláez destacaba en su querella determinadas actuaciones de Garzón, a su juicio irregulares durante la investigación del 'caso Gürtel', del que el magistrado de la Audiencia Nacional se inhibió el pasado 5 marzo en favor del Supremo (en el caso de dos aforados nacionales) y los tribunales superiores de justicia de Madrid y Valencia.
El abogado comenzaba denunciando que se incumplieron las normas de reparto de la Audiencia Nacional, pues las diligencias fiscales que originaron el 'caso Gürtel' fueron remitidas directamente a Garzón alegando su conexión con otra investigación preexistente (el denominado 'caso BBVA') a pesar de lo cual el juez no abrió pieza separada sino unas diligencias independientes.
Además, Garzón habría tardado cinco días -entre el 27 de febrero y el 4 de marzo de 2008- en notificar a dos de los imputados cuyas conversaciones fueron intervenidas -Francisco Correa y Antonio Crespo-, que debían nombrar a otro letrado, al haber sido también imputado José Antonio López Rubal, que era el abogado que hasta entonces tenían nombrado. Igualmente, según la querella, Garzón habría prorrogado la intervención de las comunicaciones en prisión, a pesar de que quince días antes ya se había declarado incompetente en esta causa e inhibido en favor de los tribunales superiores.