L D (EFE)
Entre estas medidas, fuentes del alto tribunal explicaron que no se descarta declarar nulos los acuerdos adoptados en la Cámara vasca con el apoyo del grupo SA después del 20 de mayo, fecha en que el Supremo ordenó la disolución de este grupo, como sucesor de Batasuna. En cualquier caso, la Sala Especial tiene previsto reunirse la próxima semana para concretar estas medidas que también podrían incluir el embargo de las cuentas de este grupo, así como la paralización de las subvenciones que reciben como parlamentarios.
Después de algo más de dos horas de reunión, los dieciséis miembros de la Sala Especial decidieron por unanimidad remitir testimonio de las actuaciones sobre el incumplimiento de la disolución de SA al Ministerio Fiscal para que estudie la presentación de una querella, sin hacer ninguna valoración sobre los delitos en los que se podría haber incurrido.
En una providencia que tiene previsto notificar este viernes, la Sala tampoco concreta contra qué personas se debe actuar por el incumplimiento de la orden del Supremo, sino que se limita a dar traslado a la Fiscalía General del Estado del auto en el que se acordó la disolución de SA, de la resolución en que se ordenó al Parlamento vasco que la ejecutara y de la carta remitida por el presidente de la Cámara, Juan María Atutxa, principalmente.
Las mismas fuentes explicaron que el Supremo recibió en la mañana de este jueves el documento redactado por Atutxa en el que comunica "la imposibilidad de la Cámara de dar cumplimiento" a las resoluciones que ordenan la disolución de Sozialista Abertzaleak, argumentación que rechazan PP y PSE-EE.
Al margen de la actuación en su caso del fiscal, el Supremo acordó adoptar una serie de "medidas concretas" de ejecución de esta disolución ante el incumplimiento del parlamento vasco. Las fuentes recordaron que la Sala dejó claro que ya se ha decretado por parte del Supremo la disolución, por lo que los magistrados no tienen intención de discutir ni aclarar ningún detalle sobre las competencias aludidas para llevarla a cabo.
El fiscal general, Jesús Cardenal, ya ha encargado al número dos de la fiscalía, José María Luzón, que coordine personalmente el asunto y en su caso la elaboración de la querella contra miembros de la Cámara vasca ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Corresponderá también al teniente fiscal argumentar en qué delitos podrían haber incurrido supuestamente Atutxa y otros parlamentarios con su respuesta, como el de desobediencia, denegación de auxilio judicial o incluso usurpación de atribuciones.
El delito de desobediencia lo cometen "las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales" y está penalizado con pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años, similar al de denegación de auxilio.
Por su parte, comete el delito de usurpación de atribuciones la autoridad que "impidiere ejecutar una resolución dictada por autoridad judicial competente", castigado con penas de prisión de seis meses a un año, multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por uno o dos años.
Después de algo más de dos horas de reunión, los dieciséis miembros de la Sala Especial decidieron por unanimidad remitir testimonio de las actuaciones sobre el incumplimiento de la disolución de SA al Ministerio Fiscal para que estudie la presentación de una querella, sin hacer ninguna valoración sobre los delitos en los que se podría haber incurrido.
En una providencia que tiene previsto notificar este viernes, la Sala tampoco concreta contra qué personas se debe actuar por el incumplimiento de la orden del Supremo, sino que se limita a dar traslado a la Fiscalía General del Estado del auto en el que se acordó la disolución de SA, de la resolución en que se ordenó al Parlamento vasco que la ejecutara y de la carta remitida por el presidente de la Cámara, Juan María Atutxa, principalmente.
Las mismas fuentes explicaron que el Supremo recibió en la mañana de este jueves el documento redactado por Atutxa en el que comunica "la imposibilidad de la Cámara de dar cumplimiento" a las resoluciones que ordenan la disolución de Sozialista Abertzaleak, argumentación que rechazan PP y PSE-EE.
Al margen de la actuación en su caso del fiscal, el Supremo acordó adoptar una serie de "medidas concretas" de ejecución de esta disolución ante el incumplimiento del parlamento vasco. Las fuentes recordaron que la Sala dejó claro que ya se ha decretado por parte del Supremo la disolución, por lo que los magistrados no tienen intención de discutir ni aclarar ningún detalle sobre las competencias aludidas para llevarla a cabo.
El fiscal general, Jesús Cardenal, ya ha encargado al número dos de la fiscalía, José María Luzón, que coordine personalmente el asunto y en su caso la elaboración de la querella contra miembros de la Cámara vasca ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Corresponderá también al teniente fiscal argumentar en qué delitos podrían haber incurrido supuestamente Atutxa y otros parlamentarios con su respuesta, como el de desobediencia, denegación de auxilio judicial o incluso usurpación de atribuciones.
El delito de desobediencia lo cometen "las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales" y está penalizado con pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años, similar al de denegación de auxilio.
Por su parte, comete el delito de usurpación de atribuciones la autoridad que "impidiere ejecutar una resolución dictada por autoridad judicial competente", castigado con penas de prisión de seis meses a un año, multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por uno o dos años.