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El TS impide al PSOE y a la Junta andaluza continuar con su administración paralela y oscura

Después de más de 10 años de espera, el Tribunal Supremo da la razón al CSI-CSIF al declarar nulo de pleno derecho el Decreto 117/1998 donde se atribuyen las funciones "ilegalmente regaladas" a la empresa pública Egmasa por la Consejería de Medio Ambiente.

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Viene, por ello, a decir que los trabajos que impliquen autoridad pública solamente podrán ser desempeñados por funcionarios y no por una empresa mercantil, mecanismo utilizado por la Junta para disponer de un personal al que no se exige el caudal formativo exigido a los funcionarios por oposición y suplantar sus funciones. 

Con esta sentencia, se hace más difícil externalizar las funciones en incendios forestales y otras tareas. Externalización que ha sido denunciada una y otra vez por la oposición política y sindical. Puede leer la sentencia completa aquí.

En la sentencia se dice que de este modo "la protección de los espacios naturales, la defensa de márgenes y encauzamientos hidráulicos, puede suponer el ejercicio de facultades de autotutela, de recuperación y la imposición de sanciones, cuya tramitación corresponde a los funcionarios públicos y a los Agentes de Medio Ambiente..."

Y respecto a las actas o informes levantados por EGMASA indica: "Sin que gocen de presunción alguna las actas levantadas o informes evacuados, en ejercicio de esas funciones,  por personal que no sea funcionario con la condición de autoridad o de agente de la misma".

Resume ABC que "la sentencia cuestiona lo que se denomina «riesgo potencial de fuga del Derecho administrativo» contenido en el decreto, que en la práctica se concreta en «un diferente sistema de contratación administrativa, en la exclusión de gran parte de la actividad de estas empresas al control de la jurisdicción contencioso-administrativa y, especialmente, en excepcional el régimen de selección de su personal de los principios de mérito y capacidad que la Constitución Española establece preceptivamente para los funcionarios públicos, rigiendo un sistema de libre selección de un personal cuyas retribuciones van a ser sufragadas con el erario público, y que a la vista del objeto societario pueden desempeñar funciones similares a las que desarrollan éstos».

Es decir, que los trabajos que impliquen «autoridad pública» sólo podrán ser desempeñados por funcionarios y no por una empresa mercantil.

Egmasa podrá desarrollar determinadas actividades que tradicionalmente eran desempeñadas por la Administración, «y que en algunos casos, dependiendo de su ejercicio, supone el desapoderamiento de ésta, y por tanto de sus funcionarios, de facultades que implican el ejercicio de potestades públicas». pero no podrá suplantar a la Administración.

Esta sentencia es el principio que debe justificar en el futuro el reordenamiento y la reforma del sector público andaluz y devolver gran parte de sus tareas y funciones a la Administración "regular" de los funcionarios.

La externalización conllevó más empleados en empresas y fundaciones públicas que funcionarios

Lo demostramos hace unos días y los datos son concluyentes. El PSOE desde la Junta de Andalucía ha organizado una administración paralela y sin control que ha terminado por superar a la función pública ordinaria. Hay más contratados en empresas públicas y Fundaciones, que no respetan la igualdad de oportunidades ni nada según la propia Cámara de Cuentas en sus sucesivos informes, que funcionarios, sometidos a toda clase de pruebas objetivas medibles.

En concreto, en 2008, según la Cámara de Cuentas, había una plantilla media de 21.310 contratados en las empresas públicas y agencias andaluzas a los habría que sumar los 4.670 contratados arbitrariamente en las Fundaciones, esto es, 25.980 contratados. Sin embargo, en 2008, sólo había 24.777 funcionarios según la propia Junta de Andalucía. Esto, es 1.702 más contratados sin control que funcionarios por oposición.

La única explicación, que apoyan asimismo los sindicatos, es que el PSOE en la Junta, ante la imposibilidad de colocar más personas a dedo en la Administración Pública tras regularizarse la Función Pública hace años y tras haberse controlado las bolsas de trabajo de laborales y otros tipos, no ha tenido más remedio que inflar las plantillas de las empresas públicas y fundaciones para dar satisfacción a los propios. De este modo, empresas públicas y fundaciones se han convertido en el "coladero" de amigos y afiliados del PSOE en tareas propias de la Administración Pública de la Junta.

La propia Cámara de Cuentas lo había denunciado en numerosas ocasiones. El último caso denunciado fue el de Prodetur, en este caso del ámbito local, empresa de la Diputación de Sevilla. Prodetur, SA, empresa de la Diputación de Sevilla controlada por el PSOE procedente de la absorción de la sociedad TURISMO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA, S.A., (absorbida), por la empresa SEVILLA SIGLO XXI, S.A., (absorbente), fue considerada manifiestamente irregular por la Cámara de Cuentas en diferentes grados, incluyendo la contratación irregular de personal.

Uno de los más llamativos es que indemnizó por despidos a seis altos cargos con más 10.000 euros. Sin embargo, a los pocos meses volvió a contratarlos. Añadamos que la empresa Sevilla Siglo XXI está plagada de enchufados del PSOE, algo que ya fue denunciado por ABC hace muchos años. No era de extrañar, pues, que la Cámara de Cuentas encontrase que" la empresa ha incumplido con los principios de igualdad, mérito y capacidad que la ley establece así como con las bases que rigen el proceso selectivo de dicho programa."

Otro ejemplo fue el de Sandetel. Sandetel es una sociedad instrumental de la Junta de Andalucía, dependiente de la Consejería de la Presidencia. Está participada en un 51% por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, dependiente de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, y en un 49% por RTVA. Sandetel es accionista único de las otras dos empresas del grupo, Sadesi y Citandalucía. Pues el informe de la Cámara de Cuentas correspondiente al año 2007 ha detectado graves irregularidades en Sandetel y sus filiales, como el descontrol general y contrataciones de empresas a dedo por la Junta, entre otras.

En el momento de los hechos, Zarrías era el consejero de Presidencia y su primo, José Carlos Alarcón Arévalo era el consejero delegado nombrado en 2004. En la gestión de Sandetel, participaron además la actual consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, hasta 2005, el amigo y ex portavoz del gobierno Chaves, Rafael Camacho y el amigo de Griñán, Eduardo Clavijo, además de otros. El PP ha remitido a la Fiscalía el informe por creer que algunos hechos implican la comisión de delitos.

Otro ejemplo. La Fundación Andaluza de Servicios Sociales adscrita a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social no tenía aprobada en el ejercicio de 2004 ninguna normativa interna para regular la contratación de su personal, procedimiento que, según la Cámara de Cuentas, garantizaba los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad exigidos por la Ley. El informe de fiscalización detectó además contrataciones laborales temporales que se han transformado en contrataciones indefinidas "por el mero transcurso del tiempo". Lea un resumen del informe. El informe completo, que rezuma irregularidades, puede leerlo aquí.

La lucha de la Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía, por el respeto debido

Desde el principio, manifestó el malestar creado en el colectivo de Agentes de Medio Ambiente y, en general, en todo el equipo técnico de funcionarios de la Consejería de Medio Ambiente ante lo dispuesto en el entonces borrador de Decreto del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía. Ya en el año 2005 se hizo el primer intento de externalizar las funciones desarrolladas por el personal funcionario de la Consejería de Medio Ambiente, en beneficio de la Empresa de Gestión Medio Ambiental, S.A. (Egmasa). Al igual que con el decreto denunciado, se planteó un Plan de Emergencias por Incendios Forestales radical y utópico. 

El Decreto que se aprobó, ahora anulado por el Supremo, en lugar de profundizar en la prestación de un servicio público eficaz organizando, optimizando y dotando de recursos a los empleados públicos, venía a continuar lo que era en si una privatización encubierta que desde hacía tiempo venía realizando la Consejería de Medio Ambiente.

Los Agentes de Medio Ambiente vieron con estupor cómo en el decreto vigente hasta ahora, se abrían las puertas a que Egmasa se encargase de la realización de aquellas funciones que diferentes normativas legales asignan al Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente en materia de extinción e investigación de incendios forestales, dejando de lado a aquellos profesionales que durante años, con pocos medios y mucho celo, habían apagado los incendios en los montes andaluces.

La asociación emprendió entonces un largo camino que ahora ha tenido su recompensa.

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