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Elorza pide a Zapatero "gestos valientes" sobre Batasuna y el acercamiento de presos etarras

Odón Elorza da un paso más en el acercamiento al nacionalismo desde que Redondo Terreros fuera apartado de la dirección del PSE. El alcalde de San Sebastián firma en el Diario Vasco un artículo con otros dos miembros del PSE en el que pide a Zapatero que sea "valiente" respecto a la ilegalización de Batasuna y las demandas de acercamiento de los presos etarras por "criterios humanitarios". El Gobierno ha dicho la Ley de Partidos "sigue siendo eficaz".

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Odón Elorza y José Luis Rodríguez Zapatero.
L D (Agencias) Junto al "federalista" Odón Elorza, firma el artículo la parlamentaria del PSE, Gemma Zabaleta, representante de la corriente más nacionalista del PSE, y el concejal en San Sebastián, Denis Itxaso. Publicado en el Diario Vasco, los tres socialistas sostienen que la revisión de la ilegalización de Batasuna debería plantearse como "un paso audaz y valiente del Estado de Derecho" para lograr la paz. Además, señalan que el acercamiento de presos es una demanda parlamentaria que responde a "criterios humanitarios y encuentra cobijo en la actual legislación penitenciaria".
 
Aunque apuntan que la revisión de la ilegalización no puede plantearse "como una moneda de cambio político y mucho menos como una cesión al chantaje terrorista", se dirigen al presidente del Gobierno y a todo el PSOE cuando afirman que deben ser "valientes y asumir algún riesgo para ganar la libertad, sobre todo cuando quienes han violentado nuestra convivencia tienen la oportunidad de colaborar con la inmensa mayoría de este pueblo, que espera impaciente a que prenda la llama de la paz".
 
Contra la política del PP
 
No faltan los ataques a la política antiterrorista del PP. A su juicio, el Gobierno de Aznar profundizó la "sima del conflicto vasco alimentando los más viscerales enfrentamientos entre los nacionalismos vasco y español". Lo hizo, dicen en el artículo, con la Ley de Partidos. Pese a que el PSOE y una sólida mayoría del Parlamento la aprobó como un instrumento para estrangular a ETA y todo su entorno, Elorza y sus compañeros consideran que el "achique de espacios políticos al que el nacionalismo institucional está sometiendo a la izquierda abertzale han convertido a la ilegalizada Batasuna en un agente político aturdido que busca una nueva estrategia que le permita volver al juego político para no perder uno de los últimos trenes que le queda para desempeñar un papel en la normalización de la política vasca".
 
Sobre la "propuesta" que Batasuna hará pública este próximo domingo, Elorza, Zabaleta e Itxaso muestran su cautela porque "en muchas ocasiones, las esperanzas y las ilusiones se han convertido en espejismos que se han frustrado con la elocuente realidad de los hechos". Pese a esto, consideran que "puede ser una oportunidad que no se debería desaprovechar en una coyuntura en la que la posibilidad de una desaparición, a medio plazo, del terrorismo de ETA empieza a adquirir una cierta entidad y va a permitir, si se confirma, un debate para la propia Batasuna, más libre y con menos complejos".
 
El Gobierno pone como condición la renuncia a la violencia
 
Pese a que la reciente proposición de Ley orgánica deroga el artículo del Código Penal destinado a impedir –bajo pena de prisión– la financiación de formaciones, partidos o plataformas ilegalizadas, el Gobierno niega que Batasuna vaya a poder concurrir a procesos electorales "mientras no renuncie a la violencia".
 
La vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega quiso dejar "bien claro" que el Ejecutivo considera que la Ley de Partidos por la que se ilegalizó a Batasuna sigue "vigente" en todos sus términos. "Es una Ley apoyada y respetada por el Gobierno que sigue siendo eficaz", apostilló. No entró a valorar si esa Ley –de carácter civil– ha quedado mermada en su eficacia con la derogación del citado artículo del Código Penal.
 
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta dijo que, además de la Ley de Partidos, también sigue en vigor la política antiterrorista, que incluye la dispersión de presos, pactada con el PP en el Pacto por las Libertades. "No hay decisión de cambiar la política antiterrorista y seguiremos en máxima alerta contra la violencia y ETA", precisó.

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