Las diferentes partes personadas en la causa del chivatazo a ETA (Fiscalía, Asociación de Víctimas del Terrorismo, y Dignidad y Justicia) visionaron el vídeo en el despacho del juez Garzón de la Audiencia Nacional. Así lo aseguraron a Europa Press fuentes cercanas al caso, que calificaron el contenido de la grabación de "poco esclarecedor", ya que no se ve muy bien quiénes son las personas que acceden al local. Por ello, es poco probable que lo visionado pueda cambiar de forma sustantiva los escritos de acusación que tienen previsto presentar este jueves las asociaciones de víctimas contra los tres imputados en esta causa.
Ambas partes quieren que Garzón siga investigando frente a la petición de la Fiscalía que ha solicitado al juez que archive la causa al no haber encontrado, tras tres años de investigación, pruebas que permitan conocer al autor del chivatazo al dueño del bar Faisán de Irún, Joseba Elosúa.
La cinta es larga, según las mismas fuentes, pues comprende todas las grabaciones realizadas al bar Faisán durante la investigación realizada contra el aparato de extorsión de ETA, si bien las partes se centraron en momentos determinados de dos días concretos. El vídeo y un informe sobre el mismo se encontraba incorporado a la causa, si bien el visionado no ha podido producirse hasta este miércoles por motivos técnicos.
El pasado 5 de octubre la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió el archivo de la causa al considerar que la investigación no ha podido determinar la autoría del chivatazo a ETA por el que están imputados el ex director de la Policía Víctor García Hidalgo, un responsable policial del País Vasco y un comisario de la provincia de Álava.
El pasado lunes, el PP anunció su intención de personarse en las actuaciones al constituir lo investigado "hechos de extrema gravedad" y "quedar en entredicho la profesionalidad e incluso la dignidad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como las políticas antiterroristas adoptadas por el Gobierno". De aprobarse su petición, el PP se sumaría a las personaciones populares ya presentes en la causa por parte de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia.
En un escrito remitido al juez el pasado 1 de octubre, el fiscal Carlos Bautista solicita el "sobreseimiento" provisional de la causa, que estuvo secreta hasta el pasado domingo, al considerar que no existen datos que demuestren "de forma inexorable" la tesis de los investigadores, según la cual García Hidalgo habría ordenado que la información sobre la operación llegara al propietario del bar 'Faisán' de Irún, mediante una llamada que un responsable policial del País Vasco realizó a un inspector de Álava.
Tras la investigación, las tres personas mencionadas fueron citadas a declarar por Garzón como imputados. Sin embargo, la Fiscalía rechaza la tesis de la investigación, argumentando que las comunicaciones telefónicas "no han proporcionado ningún resultado positivo" y que esta tesis no ha sido avalada ni por la confesión de los imputados ni por la declaración como testigo de Elosúa.
El Inspector de Policía que dirigió al equipo que investigó el 'caso chivatazo' se ha defendido de las acusaciones que le sitúan como hipotético autor de la delación a Joseba Elosúa, dueño del bar Faisán donde se entregaban los pagos del llamado impuesto revolucionario de ETA. El responsable policial asegura que en el momento de los hechos, el 4 de mayo de 2006, él se encontraba reunido con el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska, quien dirigía la operación contra ese aparato de financiación.