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Varapalo judicial a De la Vega: su empadronamiento en Beneixida es "irregular"

La Justicia ha quitado la razón a De la Vega en el litigio que mantiene con González Pons por su empadronamiento en Beneixida. Según sentencia la Audiencia Provincial de Madrid, se trató de una maniobra "irregular" que Pons tiene todo el derecho a denunciar.

Libertad Digital / Agencias
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La Audiencia de Madrid desestimó el recurso que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, presentó ante la sentencia del Juzgado de primera instancia número 63 de Madrid –de marzo de 2009–, contra otra sentencia que desestimaba la demanda que se interpuso contra el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, por "intromisión ilegítima" en su derecho al honor. Se refería a unas acusaciones emitidas por el dirigente popular en diciembre de 2007 sobre el empadronamiento de De la Vega en Beneixida.

El auto, emitido el pasado viernes, recoge que "en ningún caso" la acusación ser considerada como "intromisión ilegítima en el honor de la demandante cuando es notorio que los políticos de distinto signo aprecian su vecindad y residencia habitual, a fin de atribuirse las candidaturas de las diferentes demarcaciones electorales aun cuando, en el desempeño de sus actuaciones profesionales, habitualmente residen en otro lugar".

Por ello, esta afirmación de González Pons sobre el empadronamiento:

  • "(...) puede ser perfectamente calificado como 'irregular' sin, por ello, lesionar la dignidad de la persona a la que se refiere la información, menoscabar su fama o atentar contra su propia estimación".

Pero hay más: aunque en un punto del fallo el juez recuerda que no le corresponde decidir sobre la legalidad o no del empadronamiento o sobre el "pelotazo" urbanístico del que se pudo haber beneficiado De la Vega, sí da su parecer sobre el mismo:

  • "No cabe deducir que el empadronamiento de la actora fuese ilícito o ilegal, ni que ésta se beneficiase ilegítimamente de la operación urbanística, ni que existiese tráfico de influencias y trato de favor urbanístico del Ayuntamiento de Beneixida, pero no es menos verdad que de la prueba practicada se infiere tanto el carácter irregular del reiterado empadronamiento –con una particular interpretación de "residencia habitual con la que tuvo lugar– así como el beneficio patrimonial obtenido por la demandante".


Pons pide la dimisión de De la Vega

El propio Esteban González Pons compareció este domingo para anunciar el fallo y celebrar que le ha "ganado el juicio" a De la Vega "por segunda vez". Consideró que la sentencia "reconoce" que "decía la verdad" cuando afirmó que la vicepresidenta se había empadronado en Beneixida (Valencia) para "demostrar lo que no era, valenciana", y que su familia se había beneficiado de un "pelotazo urbanístico" en esta localidad.

Por ello, el vicesecretario de comunicación pidió a De la Vega que "regularice" su situación y se empadrone en Madrid, que es donde vive, y que, "si tiene dignidad suficiente, dimita por haber mentido" y por "incumplir manifiestamente la ley e intentar que los tribunales callaran a un parlamentario de la oposición" o bien que "explique qué razones tiene para no dimitir".

El dirigente popular destacó que con la sentencia "queda a salvo la libertad de expresión de los candidatos políticos", por lo que "nunca más, ningún candidato político tendrá que sentir miedo si la vicepresidenta, no satisfecha con presionarle a través de los medios de comunicación, le amenaza con llevarle a los tribunales". "David ha vencido a Goliat", aseveró.

Así, instó a De la Vega a "pedir disculpas" a los valencianos por "empadronarse irregularmente" en Beneixida y porque "ha criticado la política urbanística de la Generalitat habiendo sido ella, hipócritamente, la que se había beneficiado de una reclasificación y, por tanto, de esta política" y a él mismo por haberle "insultado".

Dos años de polémica

El vicesecretario de Comunicación de los populares, y cabeza de lista de su partido en Valencia, denunció públicamente hace dos años las irregularidades que cometió la vicepresidenta para conseguir votar en Valencia, incluso aunque su petición fue desestimada, y se descubrió que fue incluida en el censo electoral fuera de plazo.

De la Vega presentó una demanda contra González Pons, por desvelar las maniobras de dudosa legalidad, acusándole de intromisión ilegítima en su derecho al honor, cuando afirmó que su empadronamiento en la localidad valenciana era "irregular".

Pero el escándalo era cada vez más difícil de esconder para el Gobierno, mucho más después de que el PP, de nuevo liderado por Pons, desvelara que la casa en la que supuestamente vivía De la Vega en Beneixida esta totalmente deshabitada.

Ante estas evidencias, el Juzgado de Primera Instancia número 63 de Madrid ya desestimó en su momento la demanda de De la Vega, que ella recurrió. La Justicia, ahora, le ha vuelto a dar la razón a Pons.

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