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Los jueces claman por el nuevo acuerdo entre PP y PSOE para controlar el TC

Según informa El Mundo, jueces de todas las tendencias ven inconstitucional reducir el mandato de los magistrados del Tribunal Constitucional en función del tiempo que tanto PP y PSOE tarden en pactar la renovación de los miembros.

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El Parlamento va a aprobar una modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional gracias al acuerdo al que han llegado Partido Popular y Partido Socialista. Los jueces, de todas las tendencias así como antiguos presidentes y dirigentes de este tribunal consideran que la medida que quieren tomar los dos principales partidos tiene visos de inconstitucionalidad.

La medida tan criticada por los jueces establece que se acortará el mandato de los miembros del TC que establece la Constitución en nueve años "si hubiese retraso en la renovación por tercios de los magistrados del TC, a los nuevos que fuesen designados se les restará del mandato el tiempo de retraso".

En este sentido, a partir de ahora el periodo de mandato de los jueces quedará al arbitrio en función del capricho de los partidos políticos mayoritarios. La duración establecida en la Constitución podrá ser ahora de siete, seis o cuatro años, según tarden las formaciones en ponerse de acuerdo. Igualmente, con este acuerdo tanto PSOE como PP podrán mantener el tiempo que quieran la composición del TC que más les convenga hasta que resuelvan un determinado asunto.

Por ejemplo, José Gabaldón, vicepresidente del TC durante varios años afirma que "lo que fija la Constitución es un mandato de los magistrados de nueve años. Si se quiere reducir, se hará contra la Constitución", Por su parte, Manuel Jiménez de Parga cree que "se ha producido una inconstitucionalidad –el retraso en la renovación- que se quiere remediar con otra inconstitucionalidad".

Mientras tanto, Rafael de Mendizabal opina de manera similar y considera que "no puede haber ninguna ley que contradiga la Constitución por la pintoresca excusa de que los políticos tardan en renovar". Asimismo, Miguel Rodríguez-Piñero asegura que "se va a utilizar un subterfugio que está legitimando el retraso en la renovación, pero la norma en sí no es inconstitucional".

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