L D (EFE)
El pasado 8 de octubre Conde Pumpido remitió un oficio a Marín para que en el futuro "se procure evitar cualquier acto individual que, realizado al margen de las decisiones legalmente adoptadas por los órganos competentes de la comisión, interfiera o perturbe" la investigación, en referencia al cuestionario remitido por el diputado del PP Jaime Ignacio del Burgo al confidente Rafá Zouhier y cuyas respuestas publicó el diario
El Mundo
.
Marín, en declaraciones a la agencia EFE, explicó que en su escrito de respuesta al fiscal general le sugiere que, si ha apreciado alguna conculcación del ordenamiento jurídico, "actúe en consecuencia". En concreto, en el escrito, al que tuvo acceso EFE, el presidente del Congreso "no considera pertinentes las advertencias de carácter general que no se refieran a actuaciones concretas y debidamente identificadas".
"El Congreso de los Diputados –continúa la carta–, como órgano constitucional, respeta profundamente el reparto de competencias contemplado en nuestro ordenamiento jurídico y reclama el debido respeto para el ejercicio de las suyas propias". Manuel Marín dice comprender en su escrito las actuaciones que la Fiscalía pueda emprender "para corregir las actuaciones concretas que pudiesen alterar la independencia de los tribunales o infrinjan el ordenamiento jurídico" y por ello critica esas advertencias de carácter general.
Esta respuesta del presidente del Congreso se produce en paralelo a la petición que ha hecho al presidente de la comisión del 11-M, Paulino Rivero, para que aclare algunos aspectos de la actuación de Del Burgo, en el sentido de si actuó o no siguiendo un mandato de la comisión. Marín dijo que ni la Mesa del Congreso, ni la comisión del Estatuto del Diputado se pronunciarán sobre este asunto –como pide Rivero– y recordó que los comisionados tienen ocasión para incluir cualquier referencia a este asunto en el dictamen de conclusiones que deben elevar al pleno del Congreso.
Marín, en declaraciones a la agencia EFE, explicó que en su escrito de respuesta al fiscal general le sugiere que, si ha apreciado alguna conculcación del ordenamiento jurídico, "actúe en consecuencia". En concreto, en el escrito, al que tuvo acceso EFE, el presidente del Congreso "no considera pertinentes las advertencias de carácter general que no se refieran a actuaciones concretas y debidamente identificadas".
"El Congreso de los Diputados –continúa la carta–, como órgano constitucional, respeta profundamente el reparto de competencias contemplado en nuestro ordenamiento jurídico y reclama el debido respeto para el ejercicio de las suyas propias". Manuel Marín dice comprender en su escrito las actuaciones que la Fiscalía pueda emprender "para corregir las actuaciones concretas que pudiesen alterar la independencia de los tribunales o infrinjan el ordenamiento jurídico" y por ello critica esas advertencias de carácter general.
Esta respuesta del presidente del Congreso se produce en paralelo a la petición que ha hecho al presidente de la comisión del 11-M, Paulino Rivero, para que aclare algunos aspectos de la actuación de Del Burgo, en el sentido de si actuó o no siguiendo un mandato de la comisión. Marín dijo que ni la Mesa del Congreso, ni la comisión del Estatuto del Diputado se pronunciarán sobre este asunto –como pide Rivero– y recordó que los comisionados tienen ocasión para incluir cualquier referencia a este asunto en el dictamen de conclusiones que deben elevar al pleno del Congreso.