Resulta llamativo el ataque de Público al socialista malagueño Martín Toval al que llega a señalar con el posible delito de "falsedad en documento público".
La Asociación Española de Actividades Sociales de Rabat y Kenitra Casa de España es asociación que, entre otras actividades sociales, atiende a los ancianos españoles desamparados de Rabat, actividad ahora amenazada desde que un empleado de la Consejería de Trabajo e Inmigración de la Embajada de España, amigo de Eduardo Martín Toval, no saliera elegido como presidente de la asociación el pasado 17 de febrero. Desde entonces, la Consejería ha incoado contra la asociación tres procedimientos de reintegro parcial de subvenciones. Todas corresponden a programas de 2007 y 2008, que fueron justificados en su momento, algo que ahora ya no se da por bueno. La asociación ha denunciado el "acoso de la Consejería".
El consejero, Eduardo Martín Toval, niega el acoso, dice "no tener nada en contra de la asociación" y sostiene que las irregularidades en el uso de las subvenciones se habían detectado "hacía tiempo". Este veterano político afincado en Málaga de 68 años fue coautor del estatuto catalán de autonomía y, en los 80, portavoz guerrista del Grupo Socialista en el Congreso. El empleado cuya derrota precedió al supuesto acoso es José Luis Périz, el asesor técnico de este organismo, y por lo tanto la persona que recomienda a su superior, el consejero, y al Ministerio de Trabajo si conceder o no las subvenciones de las que se beneficia la Casa de España. Público señala que es "una tarea que debería inhabilitarlo para ejercer cualquier cargo en la asociación", en virtud de la ley de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas. La candidatura de Périz era conocida por el consejero de Trabajo y no fue desestimada.
Según datos de la Casa de España, en 2009 la Administración concedió a la asociación más de 177.000 euros en subvenciones, de los que unos 70.000 fueron tramitados por la Consejería.
El bar-restaurante de la Casa de España es una "mina de oro" a causa de su licencia para vender alcohol. El control de la junta directiva de la Casa equivale a la posibilidad de explotar este establecimiento, algo que la asociación no hace en atención a que sus fines no son lucrativos. Périz y Martín Toval querían reformar el bar y esta reforma se incluyó en la petición de la subvención para obras y equipamientos del Ministerio de Trabajo de 2010. En otoño de 2009, ex presidente de la Casa de España viajó a Madrid y allí se enteró de que Martín Toval había comentado a otros funcionarios que cuando dejara el cargo [en agosto de 2009] se quedaría en Rabat, donde tendría montado un negocio", explica.
La dirección de la Casa de España terminó por dar su apoyo a otra candidata a presidenta: Isabel Martínez Soler, la asistente social del centro. Según Público, Toval le dijo en su despacho: "Si no sale José Luis [Périz], se acaban las subvenciones". El 17 de febrero, los socios eligieron a Martínez Soler presidenta de la Casa. "A la salida de la asamblea, Martín Toval me reprochó no haber cumplido mi promesa", asegura Losada. Tras esa elección, la Consejería reclama a la Casa de España 376.841 dirhams (34.000 euros) alegando que no se han justificado o que se ha dado mal uso a los fondos.
Martín Toval, el amiguismo y un documento comprometedor
En Rabat se sabe que Eduardo Martín Toval mantiene una estrecha amistad con José Luis Périz. El pasado 2 de diciembre, el consejero expidió un certificado oficial dando fe de que la esposa marroquí de Périz, M. H., "no realiza ninguna actividad retribuida".El objetivo de este documento era incluirla en un seguro médico privado que España paga a sus empleados en el extranjero. Para que un cónyuge pueda ser incluido en la póliza hay que demostrar que depende económicamente del asegurado. En realidad, M. H, no sólo tiene ingresos propios, sino que es propietaria y directora de la peluquería e instituto de belleza Guapa's, situado en un barrio de clase alta de Rabat. El abogado Carlos Fuentes Varea, consultado por Público, ve una "posible falsedad en documento público" en este certificado. El Código Penal castiga este delito con entre tres y seis años de prisión.
Otra irregularidad más aparece en el BOE del 3 de abrilm, donde aparece la concesión de una beca Reina Sofía de 5.500 euros a un hijo de A. B., el contable de la oficina comercial de la Embajada. Las bases de esta ayuda, que tramita la Consejería de Trabajo, excluyen como beneficiarios al personal de la Administración en el exterior, "y a los familiares que de ellos dependan". Este joven depende también de su padre pues sus progenitores no están separados. Martín Toval dijo a Público que "no conoce" al padre del chico.