El ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera se plantea querellarse contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón al considerar que "podría haber cometido un delito de prevaricación" durante la instrucción que llevó a cabo en 1994 para investigar el secuestro del ciudadano hispano-francés Segundo Marey, en el marco de la trama que investigó el caso GAL.
Vera anunció esta posibilidad después de que ayer el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) estableciera en una sentencia que la condena de diez años de cárcel que le impuso el Supremo en 1998 fue "justa" aunque el juez Garzón debió inhibirse de este procedimiento por su "falta de imparcialidad".
El ex secretario de Estado de Seguridad señaló que está "estudiando" la posibilidad de emprender acciones judiciales contra Garzón, al considerar que los miembros del Tribunal de Estrasburgo "dejan claro que tendría que haberse abstenido por la enemistad manifiesta" que le profesaba después de ocupar en 1993 el cargo de delegado del Gobierno para el Plan Nacional contra la Droga.
"La sentencia no me acaba de dar la razón pero la roza porque es el veredicto de cuatro magistrados contra tres", señaló Vera antes de añadir que, cuando el próximo día 12 reciba oficialmente la notificación de la sentencia, decidirá si se querella contra Garzón y si presenta un recurso ante la Gran Sala del TEDH.
Estrasburgo confirma la condena
No obstante, el ex secretario de Estado de Seguridad consideró "contradictorio" que la resolución judicial haya validado la instrucción que llevó a cabo el juez del Tribunal Supremo Eduardo Móner cuando la implicación del ex ministro del Interior José Barrionuevo obligó a Garzón a inhibirse de la causa.
"La sentencia defiende que el juéz Móner blanqueó la instrucción anterior pero hay que recordar que Garzón tuvo que dejarla porque la ley le obligaba y no porque hubiera querido", apuntó antes de agregar que la investigación judicial en el Supremo "no empezó de cero sino que partía de un pecado original y estaba viciada en el origen".
En este sentido, Vera indicó que a partir de la instrucción de Garzón el Supremo rechazó la práctica de varias pruebas testificales solicitadas por su defensa, como el testimonio de la juez antiterrorista Laurence Le Vert y de otros fiscales y comisarios franceses.
Vera fue condenado a 10 años de cárcel en julio de 1998 por un delito de malversación de fondos públicos y otro de secuestro contra el ciudadano hispano-francés Segundo Marey, que fue retenido durante diez por los GAL en 1983. También se le impuso una inhabilitación de 12 años para ejercer cargos públicos.