L D (Agencias) La portavoz del Gobierno vasco, Miren Azcarate, consideró que este auto "supone abrir un juicio contra la sociedad vasca y su voluntad mayoritaria de alcanzar la paz". Además, denunció el "llamativo silencio", durante todo un año, del Tribunal Constitucional, "cuando se están quebrantando gravemente los derechos fundamentales del ciudadano y lehendakari Juan José Ibarretxe, "cercenando gravemente el derecho al ejercicio a la actividad política de la máxima representación institucional de Euskadi, que lo es por elección popular".
El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, mostró su "respeto" por la decisión del TSJPV, si bien recalcó que la ley está "para cumplirla", mucho más, apuntó, por parte de los representantes legítimos de la ciudadanía, que, a su juicio han dado un ejemplo "nada gratificante". Zaplana ha recordado que en un Estado de Derecho "todos, sean quienes sean y ocupen el cargo que ocupen están obligados a cumplir con la ley, ya que nadie se puede considerar por encima de ésta". Lo contrario sería, obviamente, dar un muy mal ejemplo al resto de los ciudadanos.
El presidente de Foro Ermua, Iñaki Ezquerra, consideró "una buena noticia" que el TSJPV haya actuado "de un modo normal" en un momento en el que existe "tanta desilusión con la Justicia y tanta preocupación y decepción por todas las manipulaciones del Gobierno". Asimismo, ha destacado que la apertura de juicio oral contra el lehendakari y dirigentes socialistas y de Batasuna-ETA evidencia que el tribunal vasco "no está influido por la política" y que éstos "no están por encima de la ley".
El portavoz del PNV, Iñigo Urkullu, calificó de "juicio político" la apertura del juicio oral y advertió de que "responderán desde las herramientas absolutamente legítimas y democráticas, también desde el respeto y la mayor dignidad posible, a este avasallamiento". Explicó que la decisión del TSJPV "no es una sorpresa" vistos los pasos que se estaban dando desde la instrucción de la causa, que a su juicio, han ido "deslegitimando e incluso desacreditando también la acción de la justicia".
La defensa de Patxi López y Rodolfo Ares solicitará el archivo de la causa abierta contra ellos por reunirse con dirigentes de Batasuna-ETA alegando que no se puede juzgar a quienes sólo están encausados por una acusación popular. La dirección del PSE reiteró su "máximo respeto a las decisiones judiciales" pero advirtió de que tanto López como Ares "han cumplido con la obligación política que tenían de trabajar para lograr la paz en el País Vasco, por lo que defenderemos siempre la legalidad de su actuación".
El secretario de organización de Eusko Alkartasuna, Rafael Larreina dijo que "nos hemos reunido, nos estamos reuniendo y nos seguiremos reuniendo" con Batasuna-ETA porque "nuestra obligación es ejercer el diálogo político". Así, añadió que detrás de estos procesos "hay un impulso político claro, que pretende debilitar la apuesta por el diálogo y la apuesta del Gobierno Vasco por un nuevo marco político jurídico y por el reconocimiento del derecho de decisión".
El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, dijo que Batasuna "no es menos ilegal o peligrosa que ETA" y, sin embargo, "nunca nadie ha abierto un expediente judicial" a aquellas personas que han tenido conversaciones con la banda terrorista. "Respetamos pero no comprendemos", apostilló.
El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, dijo que una parte del trabajo de los políticos es el diálogo y la negociación con otras fuerzas. Por eso, se declaró incapaz de comprender por qué el hecho de dialogar, que "es una función inherente a la política, aunque sea dialogar con el diablo", puede ser objeto de reproche. Así las cosas, expresó su confianza en que este episodio termine "como debe ser en una democracia pluralista", esto es con el "cierre categórico de cualquier reproche penal a políticos" que se limitan a hacer su trabajo.