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El PSE vota a favor de equiparar víctimas de ETA y de la 'violencia estatal'

Socialistas y nacionalistas quieren que el Gobierno vasco legisle en menos de un año sobre las compensaciones económicas.

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Casi tres meses después de que el polémico informe sobre las ‘víctimas de motivación política’ llegase a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco, alguna de las recomendaciones del mismo empiezan a cristalizar, fruto del pacto al que en los últimos días han llegado el PSE y las fuerzas nacionalistas de la Cámara: PNV, Aralar, EA e IU.

Este jueves, las cinco formaciones políticas registraron en una proposición no de ley en la que apuestan por la creación una ponencia para "el impulso y seguimiento" de las "actuaciones llevadas a cabo en favor del reconocimiento y reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos y otros sufrimientos injustos producidos en un contexto de violencia de motivación política".

Un hecho que no cuenta con el apoyo ni del PP ni de UPyD. Ambos partidos consideran que la creación de esta ponencia sería equiparar a esta supuestas ‘víctimas de la violencia de motivación política’ con las víctimas de ETA, que sí merecen y merecieron la constitución de una ponencia en el Parlamento vasco.

En declaraciones a Libertad Digital, el popular Carlos Urquijo volvió a insistir este jueves, como ya hiciese en noviembre, en que no están "de acuerdo en equiparar a las víctimas del terrorismo con este tipo de afectados creando un instrumento como una ponencia, que sólo serviría para convertirla en una especie de altavoz para los grupos que ahí quieran llevar Eusko Alkartasuna y Aralar".

Entre estos grupos estaría, por ejemplo, Torturaren Aurkako Taldea (TAT), un colectivo cercano al entramado de ETA y que ambas formaciones políticas ya anunciaron hace meses que querrían llevar a esa ponencia si se llegase a constituir. "No nos vamos a prestar a hacer el caldo gordo a los nacionalistas", insistió Urquijo.

La proposición no de ley registrada este jueves se votará con toda probabilidad en alguno de los plenos que el Parlamento vasco debe celebrar en las próximas tres semanas. Salvo enorme sorpresa, la ponencia podrá crearse debido a que los cinco partidos que la apoyan cuentan con 61 (PNV 30, PSE 25, Aralar 4, EA 1 e IU 1) de los 75 parlamentarios de la Cámara.

Además de la creación de esta ponencia, el texto presentado por socialistas y nacionalistas instará al Gobierno vasco a aprobar, en el plazo máximo de un año, un decreto que regule la concesión de ayudas a estas 'víctimas de motivación política'. Durante la presentación del informe, el pasado mes de noviembre, ningún grupo se negó a que se abriese un nuevo plazo para que víctimas de organizaciones como los Gal o el Batallón Vasco Español pudiesen recibir una compensación económica.

El pasado mes de diciembre, el Gobierno de Patxi López intentó incluir dentro de los presupuestos regionales para 2011 una partida presupuestaria simbólica de 1000 euros, para la que más tarde se podría habilitado un crédito para completar la cuantía, con el objetivo de resarcir económicamente a estas supuestas víctimas. El grupo popular, socio preferente de los socialistas en la Cámara de Vitoria, obligó al Ejecutivo regional a retirar esa partida.

Una tema espinoso que se arrastra desde 2007

El informe sobre ‘víctimas de motivación política’ llegó hasta el Parlamento de Vitoria el pasado mes de noviembre, más de tres años después de que la por entonces mayoría nacionalista de la Cámara vasca decidiese en octubre de 2007 su redacción. El mismo llegó a la institución sin indulgencias con el terrorismo de ETA ni listado de víctimas, después de que los primeros borradores, antes de la llegada del PSE al Gobierno vasco, los hubiesen redactado entre EA y Aralar.

Aun así, el portavoz del Partido Popular en la comisión en la que se presentó el mismo, en la de Derechos Humanos, censuró que en un apartado del citado informe se acuse a gobiernos democráticos de alentar grupos parapoliciales, exactamente, tanto a los gobiernos de UCD como a la primera legislatura de Felipe González, con lo que mostró su desacuerdo "radical". Además, ya en noviembre se mostraron contrarios a la creación de una ponencia en la Cámara.

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