UPyD emplaza a Zapatero al "estricto cumplimiento" de la Constitución

La diputada y líder de UPyD, Rosa Díez, ha presentado una propuesta de resolución derivada del debate sobre el estado de la nación en la que se insta al Gobierno a no "impulsar normas legales" para "incumplir" la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña.

Además, en esta misma moción la diputada emplaza al Ejecutivo a colaborar con los órganos constituciones, como el Parlamento, la Generalidad catalana y el Parlamento de Cataluña para que se deroguen todas las normas estatutarias aprobadas desde 2006 que sean "contrarias" a lo establecido en la sentencia.

La propuesta de resolución, una de las tres que presenta UPyD para su debate por el pleno del Congreso el próximo martes 20 de julio, pretende que la Cámara emplace al Gobierno a utilizar "todas sus competencias" para "garantizar el estricto cumplimiento de los preceptos constitucionales", así como a colaborar con la Justicia para ejecutar la sentencia del Constitucional.

Emplaza así al Ejecutivo a respetar "el marco normativo e institucional" diseñado en la Carta Magna y remarca que "sólo se puede modificar por los procedimientos en ella regulados y no por otros"; en este punto, pide al Ejecutivo que se "abstenga de impulsar normas legales para incumplir dicha sentencia".

Asimismo, en otra resolución, UPyD solicita que el Gobierno haga valer algunos mecanismos dispuestos en la Constitución para reducir el "gasto superfluo" de las comunidades autónomas en unos 15.000 millones de euros.

En este sentido, Rosa Díez aboga por fijar un techo de gasto en cada comunidad autónoma, de modo que si éste no se cumpliera, las comunidades recibirían "mecanismos de penalización", como no avalar las emisiones de deuda autonómica, retener parte del importe de los anticipos a cuenta o investigar posibles duplicidades administrativas.

La lucha contra el fraude es motivo de la tercera propuesta que presenta UPyD, y para ello, plantea aumentar los medios materiales y humanos de la Agencia Tributaria, reforzar la coordinación con las comunidades autónomas, reformar la figura del delito fiscal o modificar la normativa de cesión de tributos a las autonomías.