Parece que las cuentas del gasóleo andan por los cien mil millones o así, que vendría a ser la factura que han pasado al gobierno, a cambio de la paz social, los campesinos, los transportistas y los pescadores, primeros usuarios del gasóleo.
Cabe suponer que ése, a la postre, es el precio que los españoles-contribuyentes pagamos a cambio de que la inflación no se dispare (más) ni se desboque (más de lo que ya está). Porque la solución alternativa en manos de los tres sectores afectados y compensados por las cuentas del Estado sería que cada uno repercutiera sus elevaciones de gastos en las facturas de los productos que comercializan: un pescado más caro, un transporte más caro, unos productos agrarios más costosos...
De manera que ésos serían los propósitos de la inversión gubernamental. Por ello, cabe suponer que los restantes ciudadanos, que subvencionamos a los sectores más afectados por el gasóleo, estaremos liberados de ese otro impuesto compensatorio que son las elevaciones de precios “en origen”. Y que, asimismo, estaremos libres de desabastecimientos, paralizaciones, desórdenes públicos y otros modos de expresar la protesta contra el precio insoportable del gasóleo... ¿O no?
El precio de la paz social
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