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Alberto Recarte

El papel de las grandes empresas

Me resulta difícil creer que exista una postura cerrada por parte del ministerio de Fomento defendiendo la intervención de las PYMES en las obras de infraestructura básicas y del de Economía sosteniendo a las grandes empresas.

Pero si yo tuviera que adjudicar un contrato, público o privado, examinaría, en primer lugar, el precio, la calidad, las condiciones y los plazos de entrega y, en segundo lugar, la fiabilidad del posible contratista. O viceversa; porque lo primero es imposible si el que ofrece no tiene suficiente tamaño, experiencia, garantías económicas y lista de referencias.

Las grandes empresas, caracterizadas por el tamaño de su plantilla, su capitalización y referencias, conocen el difícil arte de manejar grandes números, organizar una financiación compleja, discutir con las entidades financieras, lograr los correspondientes seguros a un costo reducido, o -al menos- asequibles, y lo más importante, saben -o deberían saber y para eso existen- cómo coordinar y dirigir el trabajo de los subcontratistas, de las pymes que, en el desarrollo de este tipo de proyectos, adquieren información, experiencia y recursos económicos para poder crecer y transformarse en una gran empresa, si ese es su objetivo.

No corresponde a la Administración pública la tarea de fomentar las oportunidades de las pymes. Su obligación más importante es asegurarse de que los recursos públicos limitados, el dinero de los contribuyentes, se emplea con prudencia.

Por contra, en el sector privado siempre habrá, por la propia naturaleza del mercado, promotores que están dispuestas a arriesgar en la contratación, adjudicando una obra importante a empresas medianas o pequeñas, sabiendo que la inexperiencia y falta de recursos propios pueden ser compensadas -esa es la apuesta- con un precio más bajo, con unos plazos menores y con una mayor calidad. Y si el resultado es el apetecido, ambos habrán acertado y la pyme se habrá acercado al estadio “gran empresa”.

Los grandes obras son proyectos que requieren, básicamente, coordinación, recursos propios amplios y respaldo financiero, y ninguna de estas características es propia de las pymes.

Por supuesto que existe el riesgo de que un limitado número de grandes empresas se pongan de acuerdo para repartirse el mercado, subir los precios e impedir la aparición de nuevas empresas competidoras. Evitar esas prácticas oligopolistas es el ámbito típico de actuación de la Administración Pública, a través de los Tribunales de Defensa de la Competencia y de los tribunales ordinarios y promoviendo, incluso, la instalación en España de grandes empresas de otros países.

Si estas instituciones no funcionan, las grandes empresas -constructoras, financieras, eléctricas, petroleras o telefónicas- se harán dueñas del Estado y la democracia. Pero la solución no es convertir al ministerio de Fomento en promotor de pymes, porque ese Estado ineficaz, incapaz de hacer frente a los intereses de los poderosos, también será ineficaz a nivel ministerial, donde, a lo sumo, y a coste de riesgos para el erario público, acortará el tiempo de transformación de alguna pyme en gran empresa.

Existe otra posibilidad, y es que el ministerio de Hacienda no haya hecho ninguna de estas lucubraciones y quiera volver a contratar obras por el sistema alemán, en virtud del cual el constructor financia la obra y al que no es necesario pagar ningún anticipo con cargo al Presupuesto hasta su entrega, con lo podría alcanzarse fácilmente cualquier objetivo de gasto público, y eso sí que requiere empresas poderosas con un enorme respaldo financiero.

En la economía española existen pocas, pero enormemente influyentes, empresas grandes, casi ninguna mediana y una enorme cantidad de microempresas. Colmar ese vacío es tarea -en gran parte- legislativa; fiscal en primer lugar, permitiendo la acumulación de capital, y laboral en segundo, limitando el poder sindical, que crece desmesuradamente a medida que lo hace la plantilla. Es tarea de gobierno, no del ministerio de Fomento, que tiene la dificilísima tarea de lograr que se hagan las infraestructuras al precio más bajo posible, con la calidad requerida y en el plazo estipulado.

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