Las próximas elecciones al Parlamento vasco tendrán un indudable carácter histórico, en cuanto se medirán dos estrategias confrontadas: la del PNV, que con Estella/Lizarra, planteó en unidad de acción con la banda terrorista el horizonte de la independencia (lo que con subliminal entonación hegeliana se describe como construcción nacional), la del PP y PSOE como alternativa constitucionalista que parte de la inmoralidad de la estrategia citada y por ende del fracaso del proyecto nacionalista en cuanto tal.
Una de las hipótesis de la prospectiva es que nada cambiará porque nacionalistas y constitucionalistas componen dos bloques homogéneos sin trasvases posibles. Esa apreciación es literalmente falsa. El nacionalismo no ha hecho otra cosa que decrecer desde que en 1984 consiguiera las dos terceras partes de los votos en el Parlamento vasco, cuando el PP -hoy el segundo partido más votado y el más respaldado en las ciudades- prácticamente no existía, más que de forma testimonial en Álava, donde además terminó escindiéndose con la propuesta provincialista de Unidad Alavesa. Las últimas elecciones generales -último dato de análisis- demostraron que ese supuesto abismo ideológico no existe en la población y fueron abundantes los trasvases de votos desde el PNV hacia el PP, paliados por el trasvase adicional de papeletas desde Eh al PNV.
Es cierto que si la hipótesis inmovilista acertara sería un duro golpe psicológico, que conllevaría una adicional radicalización del PNV y una nueva ofensiva terrorista (salvo que los nacionalistas cambiaran a última hora su candidato y presentaran a Juan María Atutxa para competir en el espacio lindante con el PP). En términos morales, la justificación no se establece por el éxito. Es decir, la política de no ceder a la violencia es un rechazo del totalitarismo y, por tanto, del incremento exponencial de las víctimas en una limpieza ideológica (lindando con lo étnico, a pesar del imposible metafísico de los criterios delirantes de Arzalluz) que se acompañaría de campos de reeducación y exterminio.
Lo que representaría un cambio sustancial sería la llegada a Ajuria Enea de un lehendakari constitucionalista. Sus efectos inmediatos serían muy positivos: a) se rompería el monopolio pseudoreligioso del poder por el nacionalismo (la idea subyacente de una legitimidad superior); b) se resquebrajaría el pesebre nacionalista y la utilización de los presupuestos públicos para favorecer la secesión; c) se permitiría una lucha eficaz de la policía autónoma contra el terrorismo callejero y una mayor protección a los constitucionalistas; d) se provocaría un debate dentro del PNV que previsiblemente cuestionaría el radicalismo fascista de Arzalluz.
Ese escenario tiene dos supuestos necesarios: el candidato del Partido Popular ha de ser el más votado, lo que pasa por el anunciado reto de Jaime Mayor Oreja como candidato y el partido socialista ha de conseguir mantenerse para poder formar una coalición constitucionalista. Esos dos supuestos tienen dos corolarios convenientes: que Unidad Alavesa no concurra a las elecciones para evitar la pérdida de votos a la alternativa constitucionalista y que los votos inútiles de Izquieda Unida -tan sumisa la lenguaje y la estrategia del terror y del nacionalismo, tan fuera de juego por los errores del pusilánime Javier Madrazo, ahora respaldado por el ignoto Llamazares- pasaran al PSOE.
El acuerdo entre PP y PSOE para desarrollar toda su eficacia ha de entenderse en este contexto, como un pacto de unidad de acción que debe ser operativo en un horizonte de presión a favor de la convocatoria urgente de elecciones anticipadas y de disposición a establecer pactos postelectorales. Es notorio el fracaso del PNV como partido capaz de mantener la cohesión social y el orden público, y su apuesta por la desestabilización del marco constitucional y estatutario.
La posibilidad de un lehendakari constitucionalista es un horizonte esperanzador en la línea de la solución posible del conflicto, que pasa cuanto menos por su mitigación y por la recuperación del imperio de la ley en las calles del País Vasco.
Por un lehendakari constitucionalista
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