Muchas cosas cambiaron en nuestro Hemisferio en las últimas dos décadas; gobiernos democráticos se instalaron por doquier, y la libertad política y económica parecen querer consolidarse paulatinamente. Las Cumbres Hemisféricas sirvieron para buscar consensos para mejorar las balanzas comerciales, incrementar la competitividad de nuestra producción y luchar en forma conjunta para derribar las barreras que el proteccionismo abierto o encubierto levanta constantemente.
Tal vez empujadas por necesidades sentidas como imperiosas, tal vez por convencimientos íntimos, el hecho es que ideas como la del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) avanzan, si bien con los inconvenientes lógicos de proyectos de tal envergadura, hacia la integración de las economías regionales imprescindibles para afrontar los requerimientos de la economía y el comercio globalizados. Sin embargo, cuando se pronuncia la palabra defensa o seguridad hemisférica, parecería que se abriera una puerta al pasado, a un pasado de recelos desconfianzas y rivalidades “nacionalistas” de la mas antigua data; y la absurda guerra entre Perú y Ecuador (1995) demostró que esas rivalidades fronterizas (en este caso por un trozo de selva deshabitada) a veces terminan en confrontaciones armadas.
Si hay un sector de nuestras sociedades que mostró ser renuente a los cambios, ha sido el de las fuerzas armadas, y dejando de lado tendencias históricas, buena parte de la responsabilidad le cabe a los liderazgos políticos que, restaurados los sistemas democráticos –al menos formales– prefieren eludir la necesaria reflexión sobre cómo debería pensarse la defensa del hemisferio de cara al milenio que comienza. Podrá decirse que las reuniones de Ministros de Defensa (la primera de las cuales se realizó en Williamsburg –EE.UU– en 1995) fueron un avance. Ciertamente lo fueron, sin embargo, adolecen de una seria limitación, cual es que no se abordan allí los temas que hacen concebir un nuevo sistema de seguridad colectiva que más tarde se refleje en un reconfiguración de las fuerzas armadas, acorde con estas concepciones.
Ciertamente las realidades nacionales, las percepciones de seguridad y los presupuestos de defensa no son iguales y estas individualidades deberán ser tomadas en cuenta; pero, así como pudo lograrse un consenso para generalizar la llamada “cláusula democrática”, en el Hemisferio pueden buscarse “denominadores comunes” a partir de los que comenzar a construir. También es posible analizar la conveniencia de partir desde acuerdos sub-regionales, los cuales, si bien tienen obvias limitaciones, pueden ser más fáciles de alcanzar en términos relativos.
Hay otra área en la que sería dable alcanzar progresos; es la de la producción conjunta de equipos para la defensa. No es ilógico pensar en acuerdos para la construcción regional de equipos (tal vez inicialmente de tipo no letal) con un compromiso de adquisición por parte de quienes participaran en su manufactura. Esto no sólo tendería a iniciar mínimos procesos de standarización, sino que podría ser un elemento coadyuvante en el crecimiento de la producción industrial.
Casi con el fin del año 2000 se conoció que Chile inició el procedimiento para la compra de aviones interceptores F.16 (Fighting Falcon) por valor de 600 millones de dólares. Este hecho en si, no es sorpresivo, Chile venía buscando modernizar sus aparatos de combate desde hace varios años (1998) y por cierto esta en todo su derecho a hacerlo.
La pregunta que podemos plantearnos es si la inversión de semejante suma tiene sentido dentro del contexto regional y si la percepción de amenazas actuales o futuras de Chile le lleva a pensar que podría requerir de armas de tal sofisticación. Si bien los detalles técnicos del equipamiento y aviónica de estos aparatos no son aún conocidos, ya generaron una reacción por parte del Ministro de Defensa de Bolivia, señalando su preocupación y la intención de mejorar el equipo bélico de su país. Y si hay algo que nuestra región no necesita hoy, es una carrera armamentista.
El interrogante que queda abierto es cómo se podría generar un ámbito de debate de estas temáticas que, por una parte, no sea percibido como oculto vehículo de intenciones hegemónicas y, por otra, tenga la capacidad de promover las necesarias políticas de cambio institucionales.
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