Se plantea ahora un conflicto de competencias contra el Gobierno. No deja de sorprender porque enmaraña, todavía más, la madeja judicial del caso “Gómez de Liaño”. Pero en la práctica, todo parece indicar que esta nueva situación se esfumará con la misma rapidez que un titular de periódico.
Todavía no se puede confirmar que ese conflicto de competencias se vaya a presentar; lo apoyan diez vocales del CGPJ, es decir, exactamente la mitad de los miembros del Pleno. Todo está en manos de los dos representantes de CiU. Ninguno de ellos ha revelado su voto. Lo más probable es que voten lo que ordene su jefe –en este caso, Pujol–, y es lógico pensar que CiU se está “dejando querer” porque sabe lo importante que es para el Gobierno cerrar los frentes judiciales abiertos por el indulto a Javier Gómez de Liaño.
En el fondo, lo que se plantea CiU es si realmente existen argumentos jurídicos que justifiquen ese conflicto de competencias. Fuentes del CGPJ explican que ese conflicto tendría más sentido si se hubiera presentado contra el decreto de indulto del Gobierno. No se hizo, pasó el plazo legal para plantearlo, y por eso ahora la única posibilidad de invocar esa invasión de competencias es el conflicto de jurisdicción. Y aquí, según esas fuentes, se ha podido producir una invasión de competencias del Supremo, pero no del CGPJ.
En el caso de que finalmente CiU apoyara el conflicto de competencias, en la práctica no paralizaría el conflicto de jurisdicción presentado por el Gobierno.
Lo que llama la atención de esta nueva situación es el giro dado por el vocal Emilio Olavaria, que ha pasado del apoyo incondicional a Javier Gómez de Liaño a respaldar un conflicto de competencias contra el Gobierno. Quizás porque en el CGPJ casi siempre se vota en nombre del Jefe.
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