Hace un par de meses, PP y PSOE dieron a luz el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, de aplicación en Euskadi. Se supone –y se comprueba– que está ejerciendo una clara influencia en las relaciones de los dos grandes grupos del Parlamento en lo que se refiere a ese gran asunto del Estado español.
Los socialistas aspiran ahora a llegar a un acuerdo similar en materia de inmigración, partiendo de la consideración de que nos hallamos ante otro gravísimo asunto que el Estado en su conjunto debe afrontar y tratar de resolver. Y no es nada improbable que no quede en dos y se avance seguidamente al tercer gran pacto, el de la reforma de la Justicia.
Pero podrían continuar pactando grandes soluciones para grandísimas cuestiones pendientes: el Plan Hidrológico, tal vez, por cuanto supone casi cuatro billones de gastos durante un par de legislaturas y en múltiples comunidades autónomas; o el Plan de Infraestructuras, autovías y “aves”, en el que también está prevista la inversión de muchos billones en los próximos años.
No parece ninguna tontería que las grandes intereses del Estado se debatan siquiera “a dos”, se pacte y se respete esos pactos. Por interés de los ciudadanos y de la alternancia en el poder.
Los grandes pactos de Estado
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