Si Arnaldo Otegi no fuera aforado probablemente estaría ya en prisión. Es, al menos, lo que se puede interpretar después de leer el auto de Garzón: un portavoz de Haika no tardó ni 24 horas (¡qué valiente! por cierto) en revelar a la policía que fue Otegi quien le dio las instrucciones y le arropó para dar una rueda de prensa que le ha costado la cárcel; y nada menos que por delito de pertenencia a banda armada, terrorismo y amenazas.
Garzón interpreta que, por encima del atrevido joven, estaba la “mano negra” de Otegi. Pero, como es aforado, el juez no puede actuar contra él. Si el fiscal informa a favor, que lo hará, será el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el que decida el destino de Otegi. Debido a la previsible posición de Jesús Cardenal, es casi seguro que la fiscalía del País Vasco también pida la prisión de la cabeza visible de EH. Fuentes de la fiscalía recuerdan que la época más tranquila de ETA fue cuando su mesa nacional estuvo en prisión.
¿Se atreverá el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a encarcelar a Otegi? ¿Le acusará, al menos, de los mismos delitos que se le imputarían en la Audiencia Nacional? De no ser así, se reafirmará la conveniencia de tener una Audiencia Nacional alejada del País Vasco. Aunque debemos esperar de los jueces que actúen con independencia, neutralidad y en defensa del Estado de derecho, sin que éste sea torticeramente utilizado.
El futuro de Otegi
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