Dicen que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Con la reciente historia judicial de nuestro país, también podríamos decir que detrás de un gran chorizo hay mujeres delincuentes. La sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Urralburu pone fin a una etapa negra del partido socialista; pero esa sentencia, además, supone una advertencia a las señoras que ayudan a sus maridos a cometer un delito de carácter económico. Según el Supremo, ellas también delinquen porque sin su actuación los maridos no hubiesen podido ejecutar el acto ilícito.
El Supremo considera que tanto Olivia Balda, esposa de Gabriel Urralburu, como Ana Isabel Romeo, mujer de Antonio Aragón, se encargaron de recibir los cheques y activos que las Constructoras pagaban, como cohecho, al presidente navarro y al entonces consejero de Obras públicas. Y con ese dinero, de forma coetánea a la acción principal (no mediante un encubrimiento posterior), las dos se encargaron de reinvertir el capital en bienes muebles e inmuebles. Era una actuación de la que también se beneficiaban personalmente por el régimen matrimonial que mantenían.
Por los juzgados de campanillas hemos visto, en los últimos años, desfilar como testigos a esposas de conocidos narcotraficantes, banqueros, importantes empresarios, implicados en los Gal y en los Fondos Reservados, etcétera. Para todas estas mujeres quizás también sirva el argumento que esgrime el Supremo en este caso, "la aportación de la recurrente era operativamente indispensable, era imprescindible la colaboración de una persona de absoluta confianza, ajena al servicio público, que pudiese recibir discretamente los trasvases monetarios de los que también se benefició personalmente".
Hace varios días abandonó la cárcel la mujer de Roldán. Hoy han ingresado en ella las señoras de Urralburu y Aragón. Aviso para navegantes.
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