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El lote y el bote del cine

Los intereses del cine y la televisión están tan unidos como liados. Hace poco, y a propósito de la reforma de la Ley del Cine, que se quedará más o menos como estaba, los productores querían que las cadenas de televisión se comprometieran a financiar el cine español. Todo por la gloria y la excepción cultural española y el apoyo a una industria que, afortunadamente, tiene en la pequeña pantalla Dios y ayuda. Gracias a las series de producción propia de cadenas públicas y privadas, no les falta trabajo a guionistas, actores y técnicos españoles.

En la tele encuentra la industria cinematográfica su mejor altavoz, hasta el punto de que todos los días entre informativos, magazines y programas dedicados al séptimo arte, las películas que se estrenan en las salas comerciales tienen una promoción de auténtico lujo. Además, TVE invierte en un buen número de producciones y echa el resto con los Goya. Todo para mayor honra del cine nacional y mejor bolsa para los productores. Eso sin hablar de lo rentable que es para las cadenas públicas la “paradamanía”.

Este apoyo al cine patrio se suele adornar demagógicamente diciendo que supone el apoyo a los intereses de nuestra industria cultural —que son los buenos de la película— porque se enfrenta en desigualdad de condiciones a los malos, en este caso las “majors” o grandes empresas americanas como la Warner —que venden lotes de productos americanos para invadir nuestras salas de cine y las de estar— y los exhibidores, que lo que quieren es ver sus cines llenos sin demasiado riesgo. Sin embargo, el asunto no es tan claro.

Según información publicada en “La Vanguardia”, son los distribuidores españoles, y algunos productores, los que se encargan de llenar el mercado español de películas norteamericanas. Algunas de estas empresas son las que negocian lotes de películas extranjeras para llenar con cine americano cientos de horas de programación y las que, por un lado ponen la mano y el grito en el cielo para que se les considere una industria minusválida, y por el otro amplían su campo de maniobra metiéndose a mercaderes de productos foráneos. Todo ello no deja de ser legal y aún legítimo, pero, en cuanto respecta a las televisiones públicas y a los organismos representativos de los productores españoles, más valdría que hablasen claro sobre cómo y cuanto mueve el negocio del cine en las televisiones y dejasen a un lado la demagogia utilizada cuando van al Parlamento a ordeñar al Ministerio de Cultura con la Ley del Cine. Que se sepa a cuánto venden los lotes y cuánto nos cuesta llenarles el bote.

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