El PNV, en su recurso, invoca el artículo 23.1 de la Constitución y el artículo 3 del código Civil. El primero se refiere al derecho que tienen los ciudadanos a participar en los asuntos públicos de forma directa o por medio de representantes. El segundo, el del Código Civil, recuerda que los Tribunales españoles deben actuar siguiendo una “indicación sociológica” a la hora de interpretar las normas.
La decisión de la Junta Electoral del País Vasco pone en evidencia que, en el mundo del Derecho, a veces, las leyes olvidan el requisito de atender a la “realidad social del tiempo”. No hay dudas de que la coalición PNV-EA ha podido actuar con torpeza, o incluso con la prepotencia de quien agarra la sartén por el mango. Pero un Estado democrático chirría si, por una rigidez en la aplicación de las normas, al final se cercena el pluralismo político.
El Tribunal Constitucional también ha sentado doctrina en el sentido de que la Ley deberá garantizar el acceso de los grupos políticos a los medios de comunicación, condición para mantener los pilares democráticos.
La torpeza del PNV es tan evidente como rígida resulta la decisión de la Junta. Las dos posturas hacen sospechar de una estrategia oculta. Está claro que ni al PP ni al PSOE les gustará ganar las elecciones a costa del victimismo de los grupos nacionalistas.
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