Los políticos españoles suelen presumir de nuestra primacía mundial en el campo de los trasplantes de órganos: tenemos los más altos índices de donaciones y los enfermos que lo necesitan tienen altas probabilidades de recibir un trasplante. El economista Enrique Costas Lombardía critica en un artículo en El País que esto no es toda la verdad, y que el sistema no es tan eficiente como parece, ya que "está engrasado con dinero y privilegios". "Se enseñan las cifras de donaciones pero se esconde la corriente de dinero que las empuja". El gobierno presume de modernidad, tecnología y buena administración y tapa otras graves carencias de la sanidad pública.
Los espectaculares resultados de la Organización Nacional de Trasplantes se consiguen "mediante fuertes estímulos financieros que en otras naciones no se aplican": el coordinador de trasplantes, los médicos y las enfermeras dedicados a esta actividad cobran mucho más que otros trabajadores sanitarios, gracias a incentivos monetarios a la producción (no a la calidad ni a la eficiencia) que hacen que se esfuercen más para conseguir posibles donantes y órganos. Los expertos en trasplantes se quedan el dinero en lugar de los donantes o sus familiares, quienes no reciben ninguna compensación. Y mientras tanto, los pacientes con otros problemas no reciben un tratamiento tan exquisito.
Hasta aquí todo correcto y muy informativo, pero este economista se equivoca de pleno cuando se refiere a ciertos "efectos perversos" que este sistema tiene en la sociedad, especialmente el "desprecio del altruismo": "El principio ético que rige todos los sistemas de trasplantes del mundo civilizado es el altruismo. Nadie debe aprovecharse del 'regalo de vida' que es la donación de un órgano humano". Parece que sólo el altruismo es civilizado, que es repugnante actuar siguiendo el propio interés y vender un órgano. Pero ¿qué hay de malo en que un donante se beneficie de lo que entrega? ¿Por qué prohibir intercambios voluntarios?
Éticamente todo ser humano es propietario de su propio cuerpo, y puede donar sus órganos, su sangre o cualquier otro constituyente de su cuerpo, de forma gratuita o a cambio de una compensación económica, o negarse a hacerlo. La prohibición de la compraventa de órganos perjudica a los donantes y a los receptores potenciales, produciendo carencias de órganos y sangre. El sistema estatal de trasplantes utiliza dinero confiscado a los ciudadanos para pagar a los profesionales médicos y beneficiar a unos enfermos a expensas de otros. El elemento principal, el donante, no recibe nada, y sólo se invoca a su generosidad para que participe en el sistema. ¿Por qué no se pide también el altruismo de los médicos y los contribuyentes de forma voluntaria?
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