Un número significativo de ertzainas ha fijado su domicilio fuera del País Vasco, en localidades vecinas, como Castro Urdiales. Hubo un momento en que ese éxodo fue detectado, pues al pagar las nóminas había muchas domiciliadas en instituciones bancarias foráneas. Entonces, los mandos de la policía autonómica tuvieron que recordar la obligación de vivir en Euzkadi.
La anécdota ilustra el despiste general hacia el fenómeno terrorista propiciado, alentado y “financiado” desde el Gobierno vasco. Contra el terrorismo no hay otra solución que la policial. Es decir, los que han vigilado al ertzaina de Bilbao y han puesto la bomba bajo su coche deben ser detenidos antes de que cometan nuevas fechorías. Eso no tiene que ver ni con el nacionalismo ni con el constitucionalismo, sino con el mínimo de diferencia entre la civilización y la barbarie, entre la convivencia y el crimen. Diabolizar la solución policial ha sido una soberana estupidez. Dialogar con el criminal es darle tiempo para que asesine.
El Estado de Derecho entraña una cooperación de las fuerzas policiales. Hasta ahora no se ha hecho por política con minúsculas. La entrevista entre Pedro Morenés y Mikel Legarda abre la esperanza de que se marche hacia la vuelta a cordura. Y la cordura es que debe haber tolerancia cero respecto a los intolerantes que toman la calle, agreden a los contribuyentes y tratan de asesinar a los que no piensan como ellos, ahora preferentemente policías autónomos vascos. Cuanto más rápido se actúe, menor será el número de víctimas. Y conviene que sea cuanto antes porque los próximos plenos sobre pacificación y autodeterminación serán hitos para una nueva ofensiva de Eta. O sea, de Batasuna. Porque ya hay abrumadores indicios de que las bombas no se guardan ahora en zulos sino en las propias casas de los que hace tiempo el PNV decía que se dedicaban a la violencia de baja intensidad.
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