A primera vista, existen dos formas de enfocar el caso de Fátima Elidrisi, quien hoy ha vuelto al colegio luciendo el hiyab o pañuelo islámico. De una, apoyada en el derecho a la propia imagen, en el derecho a la libertad religiosa y en al derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propias convicciones éticas o religiosas—todos ellos reconocidos en la Constitución— se desprende que el estado no debe inmiscuirse en estos asuntos; por lo que la decisión del Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid instando al centro educativo a permitir la asistencia de la niña marroquí ataviada con el hiyab sería la más correcta y ajustada a nuestra idiosincrasia de país occidental, libre y democrático.
El otro enfoque —que no es totalmente incompatible con el primero—, hace hincapié en el hecho de que el hiyab es una prenda que simboliza la sumisión y la subordinación de la mujer al hombre. En un proceso que ha durado siglos, y que ha culminado recientemente, la mitad femenina de la Humanidad ha logrado la equiparación de derechos con el hombre en los países más progresivos del mundo —también presente en nuestra Constitución—, es decir, los occidentales y los que han adoptado el modelo de civilización occidental. Desde este punto de vista, no parece deseable reintroducir en nuestras sociedades prácticas discriminatorias superadas con mucho esfuerzo. Una prueba de ello serían los malos tratos a las mujeres en España, por desgracia todavía frecuentes.
No es fácil, ciertamente, decidir cuál de los dos enfoques debería prevalecer, aunque quizá una buena pista podría ser el hecho de que los fundamentos teóricos de la civilización occidental y el concepto de persona y de derechos humanos que de ella emanan —y que los musulmanes invocan cuando les conviene—, se asientan en el Derecho romano, la Filosofía griega, y el Cristianismo, de los que la tradición islámica —salvo en ocasiones muy esporádicas— ha estado completamente ayuna.
Pero lo cierto es que este asunto ha conseguido dividir a la opinión pública española, especialmente a sus capas más ilustradas e influyentes. El papel de ATIME (Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en España) en la divulgación de este caso ha sido crucial. Esta organización, entre otras actividades desarrolla un programa “de común acuerdo con el Ministerio de Educación y Cultura” para la enseñanza de la lengua y cultura árabes para niños inmigrantes y autóctonos, y también para españoles “con una aceptación entusiasta y una avidez por profundizar en los conocimientos de la cultura y la lengua árabes”.
La principal necesidad de los hijos de los inmigrantes no es precisamente el aprendizaje de la cultura y lengua árabes, sino más bien el de la lengua y cultura de su país de acogida, España, como el caso de Fátima ha puesto de relieve. Según se desprende de sus propios objetivos, ATIME parece ser una agregaduría cultural camuflada de la embajada de Marruecos en España más que una organización dedicada a la asistencia al inmigrante en sus problemas de integración.
Ni qué decir tiene que nuestro maleducado vecino de allende el Estrecho se estará frotando las manos con satisfacción al ver dividida a la sociedad española y ocupados los telediarios por un asunto que sólo a él le interesa remover. Quizá el CESID podría estudiar las posibles conexiones, siempre y cuando se haya curado de esa obsesión por espiar las intrascendentes miserias de nuestros personajes públicos, que en épocas recientes ocupaban casi todos sus medios y su tiempo.
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