A principios de marzo, el presidente Bush debe tomar la difícil decisión de conceder protección o no a la industria del acero. Aunque sabe que todos los argumentos económicos están contra el proteccionismo, el presidente está siendo fuertemente presionado con argumentos políticos. Pero la verdad es que cualquier ventaja sería a muy corto plazo y terminará perdiendo si cede.
La historia de la industria del acero en Estados Unidos durante las últimas décadas ha sido de un continuado esfuerzo en restringir las importaciones, a las que culpa de la caída de sus ventas. Pero en realidad son los sindicatos los que tienen la culpa de haber aumentado exageradamente los costos laborales de la industria, muy por encima de los aumentos logrados en productividad. Y los gerentes también tienen culpa por haber comprado a los sindicatos con pensiones futuras y beneficios médicos que no tendrían costo sino hasta años después.
Las pocas empresas siderúrgicas que quedan tienen que pagar inmensas sumas a sus trabajadores retirados. Sólo los beneficios médicos de los pensionados le cuestan a la industria más de 1.000 millones de dólares al año.
En los años desde que se hicieron esos compromisos, la industria del acero se ha reducido a una fracción de su tamaño anterior. El país simplemente no necesita tanto acero como antes y con menos producción y menos trabajadores en la actualidad, se hace mucho más pesado pagar los beneficios a los pensionados, lo cual aumenta exageradamente el costo de la producción nacional, haciéndola no competitiva, lo que redunda en mayores importaciones.
Según el estudio hecho por los economistas Joseph Francois y Laura Baughman, un arancel bajo aumentaría el costo del acero a los consumidores norteamericanos en 2.000 millones de dólares. Eso puede salvar unos 4.375 puestos de trabajo en la industria siderúrgica, pero el aumento del costo para los consumidores provocaría el despido de unas 36.174 personas, o sea una pérdida neta de 31.789 puestos de trabajo. Ellos calculan que cada puesto de trabajo que se mantiene en la industria del acero le cuesta 439.485 dólares a la economía.
Estos dos economistas también calcularon los efectos de un arancel alto, costando 4 mil millones de dólares, lo que salvaría 8.902 puestos siderúrgicos y destruiría 74.502 puestos en otros sectores de la economía. El costo de salvar cada puesto bajo esta opción es de 451.509 dólares.
En conclusión, el costo de proteger el acero es mucho mayor que los beneficios. Y la decisión del presidente Bush sería muy fácil si no hubiese consideraciones políticas. La que más le preocupa es que entonces el Congreso le niegue la autorización para promover el libre comercio, para lo cual requiere del voto de algunos congresistas que exigen desesperadamente la protección al acero. La apertura y los tratados comerciales son favorecidos por casi todos los economistas.
El asunto es entonces difícil. Los optimistas en su equipo de gobierno, como el representante comercial Bob Zoellick y el director del Consejo Económico Nacional Larry Lindsey, piensan que la autorización comercial sería más beneficiosa a largo plazo para la economía que el daño que hace la protección al acero. Otros piensan que será muy difícil negociar tratados comerciales si el presidente pierde su autoridad moral como defensor del libre comercio, dando su brazo a torcer ahora frente a la industria siderúrgica y los sindicatos.
Una de las razones de la alta puntuación del presidente Bush en las encuestas es el respeto de la gente ante su disposición a tomar decisiones difíciles respecto a la guerra contra el terrorismo. Puede perder ese respeto si muestra debilidad frente a la industria siderúrgica.
Bruce Bartlett es economista y académico del National Center for Policy Analysis (NCPA).
© AIPE
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