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Modifiquen la Directiva, dieciséis mil internautas pueden estar equivocados. Eso al menos ha debido pensar el Parlamento Europeo. El maravilloso plan sobre almacenamiento masivo de datos que ya les comenté en otro artículo ("tráfico de datos") ya ha dado su primer paso. La nueva Directiva sobre privacidad en las comunicaciones electrónicas no ordena dicho almacenamiento –por más que le llamen retención– , pero tampoco lo prohíbe, lo que al Gran Picoleto le viene de perlas.

Ahora, a apretar las clavijas. No había pasado ni una semana desde la votación en el PE, y el grupo popular en el Senado ya había incorporado la idea del almacén de datos en una enmienda a la LSSI. Ahora podrán presumir de que no van a cumplimentar una sino dos directivas. La ley sobre comercio electrónico cada vez trata más asuntos que no tienen nada que ver con el comercio electrónico. De hecho, la expresión "comercio electrónico" ya ni aparece en la LSSI. Claro que a estas alturas, ¿vamos a esperar coherencia y argumentos razonables?

La verdad es que nuestros gobernantes son muy sutiles. Cuando Kriptópolis dio la primera voz de alarma acerca de esta ley, ya incluía la obligación por parte de los prestadores de servicios de "conservar todos los datos relativos a la actividad de un determinado destinatario durante un período máximo de seis meses y ponerlos a su disposición [de la autoridad judicial competente]". Dicho así sonaba como la típica investigación de un delito: se sospecha de alguien, se remite al juez, éste autoriza el pinchazo y se graban los datos.

Sin embargo, no quedaba claro que ese fuese el esquema. De ser así, no se necesita una ley que lo diga. Solamente tendría sentido si se tratase de los seis meses anteriores al momento presente, lo que pasa por rebuscar en los logs. Y como no se puede saber a priori a quién se debe investigar, la única solución lógica sería guardar todos los datos de tráfico. Servidor ya había oído hablar de la tesis del "almacén de datos", así que escribí mis dudas al respecto, que si lo desean compartiré con ustedes: Informe 30, sección "tráfico de datos" y siguientes;
Informe 32, punto 6 y Segundo periodo.

El Gobierno nos lo ha dejado claro. Quieren saberlo todo acerca de nuestras comunicaciones (salvo el contenido de la llamada, que va aparte), y han ampliado el plazo de retención a doce meses. Me da la impresión de que no tienen ni idea de lo que están diciendo, porque no solamente querrán los logs tradicionales (dirección IP, hora, número de teléfono y poco más). Hay un documento filtrado en la Red donde se hace una especie de lista de la compra, y los datos a retener incluyen cosas como la ubicación geográfica y la cuenta corriente con que se pagan las llamadas. ¿Se imaginan la de gigas que ocuparían esos datos? Las mayores bibliotecas del mundo palidecerían en comparación. Pero lo piden, mejor dicho lo requieren, y se quedan tan panchos. ¿Y eso de nuestros derechos a la privacidad? No moleste, estamos persiguiendo a los malos.

Menos mal que estábamos avisados. El cambio de bando del Parlamento Europeo en el último momento ha hecho mucho ruido, y gracias a eso ya teníamos nuestras antenas ajustadas. Diversos colectivos están moviendo ficha. Para empezar, hay una nueva carta de protesta de Stop1984 y creo que, cuando usted acabe de leer este artículo, no haría usted nada malo en pasarse y adherirse a ella. Oirá hablar en el futuro de esta y otras iniciativas, se lo aseguro.

Tampoco en el Senado la oposición está mano sobre mano. En una iniciativa que solamente puedo calificar de visionaria, Félix Lavilla ha presentado una contra-enmienda prohibiendo el almacenamiento indiscriminado de datos de tráfico. Cuando me consultó al respecto, hace algunas semanas, le dije que en mi opinión no era el momento ni el lugar. Pues acertó en la diana, sí señor, y si el Gobierno creyó que iba a cogerlo desprevenido se equivocó de punta a rabo.

¿Saben lo que más me asusta de todo esto? Hace unos días participé en un seminario sobre seguridad informática, uno de cuyos ponentes era un teniente de la Guardia Civil especializado en delitos informáticos. No daré su nombre, porque me pareció una persona honrada y sincera. Cuando salió el tema de la retención de datos, lo consideró como una idea no solamente lógica sino razonable, casi como una herramienta de investigación rutinaria. El hecho de obligar a todos los ciudadanos a entregar sus datos de comunicaciones indiscriminadamente no parecía quitarle el sueño.

Al contrario, parecía sorprendido de que no saltásemos de alegría ante tan buena idea. Su razonamiento parecía ser el de "si ayuda a detener criminales, hay que adoptarlo". Vale. Y tatuarnos el número de DNI y un código de barras en la frente también ayudaría, no te fastidia. Lo que determinada gente amante de la ley y el orden no parece captar es que los ciudadanos somos algo más que presuntos implicados, y que la sociedad está para algo más que para obedecer órdenes de los hombres de verde, o de azul, o del color que sea. Que en estas cosas, no hay color que valga.


Arturo Quirantes edita la página Taller de Criptografía.

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