Destemplados...

En la Audiencia Nacional ya llueve sobre mojado. No se ha resuelto aún el recurso contra el archivo de la querella formulada por el fiscal Luzón contra Cezón, López Ortega y Ollero —los jueces del caso del narco volador, quien pudo escapar a la acción de la Justicia gracias a la generosa comprensión en forma de módica fianza de 5 millones de pesetas que con él mostraron los ex integrantes de la famosa “Sección de puertas abiertas”— cuando otro de los imputados del “caso Temple”, José Manuel Rodríguez Sanisidro —”El Rubio”— también ha dejado con dos palmos de narices a la Audiencia Nacional.

Acusado de ser uno de los máximos responsables del grupo gallego que junto con “El Negro”colaboró con la organización colombiana desarticulada durante la “operación Temple”, el fiscal pedía para él 34 años de cárcel —dos condenas de 17 años—. Sin embargo, se hallaba en libertad provisional bajo fianza... ¡también de 5 millones de pesetas! desde octubre de 2001, circunstancia que aprovechó para seguir el mismo camino que su colega “El Negro”, antes de que el juez dictara sentencia. Sólo faltaban tres sesiones para que concluyera la vista oral.

Cuesta trabajo creer que, con el antecedente de “El Negro”, el juez encargado del caso no haya decretado prisión provisional para “El Rubio”, habida cuenta, además, de que ya fue condenado en marzo de 1996 a ocho años y un día de prisión, también por narcotráfico.

Lo que el fiscal Luzón argumentó en la querella contra Cezón, López Ortega y Ollero puede aplicarse también a este caso: una fianza de sólo 5 millones de pesetas impuesta a un destacado narcotraficante es más una invitación a la fuga que un obstáculo a rehuir la acción de la Justicia. La gravedad del delito cometido, la alarma social que produce el que un narcotraficante goce de libertad de movimientos y el hecho de que el narcotráfico es, probablemente, la actividad más rentable que existe, hubieran justificado más que sobradamente la imposición de una abultada fianza, en consonancia con las circunstancias patrimoniales de “El Rubio” y de “El negro”.

Pero, aunque la Sala de la Audiencia Nacional encargada del caso parece, por fin, haber recapacitado, decretando prisión provisional para los otros 10 imputados que también disfrutaban de libertad bajo fianza, quizá lo más escandaloso de este asunto es la excusa con que desde la Audiencia se pretende justificar la nueva pifia de un tribunal creado ex profeso para combatir delitos especialmente graves, como los de terrorismo y narcotráfico: “en el fondo, es imposible controlar voluntades ajenas, salvo que se suprima la libertad provisional”.

A los contribuyentes les resulta difícil entender cómo es posible tanto desatino y destemplanza —precisamente en un Tribunal supuestamente especializado en estos asuntos. Y no son pocos quienes comienzan a sospechar que detrás de los supuestos errores de los magistrados podrían ocultarse los sobornos y las amenazas de que podrían ser objeto; porque lo cierto es que imponer a peligrosos narcotraficantes fianzas que no llegan a la cuantía de las que se fijan para un vulgar tironero o para un robaperas rebasa, no sólo los límites de la legalidad. También los del sentido común.

La Audiencia Nacional ha dado ya numerosas muestras de incompetencia en relación con las materias de su jurisdicción, sobre todo en los casos relacionados con el terrorismo (excarcelación de proetarras) o el narcotráfico. Y quizá sería hora de empezar a renovarla o ir pensando en suprimirla y reintegrar su jurisdicción a los jueces ordinarios que —en principio— no son tan sospechosamente garantistas a la hora de imponer fianzas ni conceden entrevistas nocturnas en su propio domicilio con los familiares del imputado. Distribuir los casos que juzga la Audiencia Nacional entre las audiencias provinciales o entre los Tribunales Superiores de Justicia, en lugar de concentrarlos en unos pocos magistrados, al menos minimizaría el riesgo de que se produzcan "errores" tan flagrantes como los cometidos con "El Negro" y "El Rubio".

Sin embargo, es preciso no engañarse. Mientras subsista el alto grado de politización y corporativismo de la justicia española que ni el PSOE ni el PP están dispuestos a corregir --el CGPJ suele votar sus resoluciones en función del color político de quienes les propusieron para el cargo, y los magistrados, como pudo verse en el caso de Cezón, López Ortega y Ollero, se arropan unos a otros pase lo que pase, como los malos médicos-- y mientras se mantenga el mecanismo de elección de magistrados por el cuarto turno --que permitió la llegada al Supremo de personajes de "reconocido prestigio" como Bacigalupo-- hay pocas esperanzas de renovación en la justicia española.

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