El botín “social”

La corrección política impone el respeto y el reconocimiento hacia los sindicatos como si su mera existencia fuera un fiel indicador de la pureza democrática de un sistema político, del mismo modo que la presencia de la trucha arco iris lo es de la pureza de las aguas. Para tal fin, y con el objeto de seguir conservando la “denominación de origen” democrática, la clase política no vacila en colmarlos de atenciones, cortesías y, sobre todo, subvenciones, consciente de la importancia de la imagen.

Sin embargo, los sindicatos –también las organizaciones empresariales– no son más que grupos de presión al margen –y, la mayoría de las veces, en contra– de la voluntad y de los intereses de los ciudadanos. Un sistema genuinamente democrático no reconoce otro poder de representación política que no sea el emanado de las urnas, por lo que la existencia de grupos de presión institucionalizados y subvencionados con el dinero del contribuyente –los “agentes sociales”– tiene mucho más que ver con un modelo corporativo –es decir, con el fascismo propiamente dicho– que con un régimen democrático.

Con todo, podrían darse por bien empleadas las subvenciones y la influencia que la clase política y las leyes les otorgan si, al menos, se dedicaran a promover, como dice la Constitución, los intereses propios de los trabajadores. Es decir, si al menos se dedicaran a promover los medios y apoyar las políticas más eficaces para garantizar el crecimiento económico, la única forma de crear más empleo y de incrementar los salarios, y prestaran los servicios que un trabajador demandaría de un sindicato si éste se financiara exclusivamente con las cuotas de los afiliados. La organización de bolsas de trabajo, el asesoramiento jurídico-laboral y el diseño de cursos de formación adaptados a las necesidades del mercado deberían ser algunas de sus funciones naturales.

Pero prefieren emplear el dinero de los contribuyentes –porque con las cuotas de sus afiliados no tienen ni para pagar el recibo de la luz– para hacer política al margen de las urnas –su modelo económico, en el mejor de los casos, es el socialismo británico de la posguerra, que a punto estuvo de sumir al Reino Unido en el subdesarrollo– y perseguir los intereses que les son propios... como organización, y no como supuestos representantes de los trabajadores. La oposición frontal de los sindicatos a la reforma del subsidio de desempleo no es más que la muestra palpable de esa vocación política comprometida con el socialismo que, como la experiencia ha demostrado, no es precisamente el modelo que más conviene a los intereses de los trabajadores.

El escándalo de los cursos del FORCEM –un secreto a voces finalmente revelado– que el viernes ha empezado a investigar la Audiencia Nacional –más de 100 millones de euros en fraudes por cursos que jamás se impartieron pero que, tanto sindicatos como organizaciones empresariales, cobraron a través de empresas creadas ex profeso para explotar la subvención– es una muestra palpable de que los “agentes sociales” están más pendientes de allegar fondos a sus respectivas organizaciones –el “botín social” que los gobiernos les conceden a cambio de la foto del “diálogo social”– y de potenciar su influencia que de promover la formación profesional y el empleo “digno”, digan lo que digan en sus manifestaciones públicas o en las convocatorias de huelga.

Acostumbrados a vivir de la subvención y en vista de que son muy pocos los que, voluntariamente, demandan sus servicios, no conciben otra forma de financiarse que no sea con dinero público –obtenido legal o ilegalmente, como es el caso de los cursos del FORCEM– o bien recurriendo directamente a la estafa, como fue el caso de PSV, en el que UGT, de no haber sido por la generosidad del ICO (es decir, de todos los españoles), tendría que haber liquidado su patrimonio para hacer frente a las indemnizaciones.

Sin embargo, no parece que los escándalos y las estafas afecten mucho a la estudiada arrogancia chantajista que muestran los líderes sindicales en sus comparecencias públicas amenazando con nuevas huelgas generales. ¿Será porque el fin justifica los medios?

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