"¿Por qué hay tan pocos recursos para tanto extranjero?" Sobre esta pulsión visceral y aprensiva, se ha organizado la agenda pública de Canarias durante los últimos cuatro años. El miedo al mito del enjambre devorador es la base sobre la que el Gobierno regional ha desarrollado todo un programa de planificación vertical, dentro de la tradición más pura de las economías intervenidas. Las iniciativas políticas más relevantes, la opinión unánime de la Prensa, la doctrina de los órganos consultivos, incluso el criterio de la élite científica: toda acción sobre la realidad económica y social de esta región ultraperiférica (así cataloga la burocracia comunitaria a los siete territorios ultramarinos de la Unión Europea) descansa hoy en el miedo a la superpoblación y al agotamiento de los recursos.
El Gobierno insular ha decidido que hay que cambiar de modelo económico, asentado en una industria turística que está entre las cinco primeras del planeta y ha impulsado el salto de Canarias del tercer al primer mundo, en un periodo de apenas treinta años. También ha decretado que hay que frenar el desarrollo, aunque sólo sea para volver a ponerlo en marcha bajo su férreo control, un cambio de titularidad que califica como "sostenible", con esa arrogancia típica de la racionalidad política, que lleva al gobernante a creerse sostén del orden económico y social.
En tercer lugar, está dispuesto a levantar barreras a la residencia de foráneos en el Archipiélago; da igual que sean extranjeros que han llegado de forma ilegal, o peninsulares y ciudadanos comunitarios con todo el derecho a establecerse en un territorio nacional y de la Unión Europea que, como región Objetivo 1, se beneficia de la máxima corriente de fondos estructurales y de cohesión. La sustitución del modelo, no se sabe por cuál, y la "moratoria" del desarrollo turístico son objeto de la Ley de Directrices de Ordenación General y del Turismo, quizá la iniciativa de planificación central más ortodoxa del último cuarto de siglo en España. La regulación, que se aprobará, con evidente carga simbólica, en el último pleno parlamentario de la V Legislatura autonómica, impone un freno a la autorización de nuevas plazas turísticas durante tres años y establece un sofisticado régimen de regulaciones, prohibiciones y discrecionalidad administrativa para toda forma de iniciativa privada.
El sedimento cultural de la Ley de Directrices es el mito de los recursos naturales fungibles; un clima de aprensión fomentado por el Gobierno a base de datos incompletos y zonas de sombra estadística; salvando las distancias, algo parecido al caldo intelectual que rodeó la crisis energética de 1973.
Nuestros políticos siguen leyendo a fondo a Malthus y a Keynes, pero ignoran a Adam Smith y su teoría sobre "el afán de provecho". Al cabo de los años, aquellos sombríos pronósticos sobre el agotamiento de las reservas petrolíferas se han descubierto infundados.
Pero el mito cumple su papel y la llamada "moratoria" se impondrá en Canarias con el respaldo unánime de las fuerzas parlamentarias, de la Prensa y de las universidades. El Partido Popular, que presume de ser la única voz de la libertad en Canarias, se ha sumado al consenso bajo la cínica excusa de que, sin ellos, la Ley de Directrices habría sido aún más restrictiva.
Habría que remontarse a la época que precedió el Plan de Estabilización de Ullastres y Navarro, en 1959, para encontrar en la historia española reciente una situación de intervencionismo comparable. Las correspondencias entre aquel periodo y la situación presente en Canarias resultan de lo más reveladoras. Al igual que bajo la autarquía económica del régimen franquista, en Canarias hoy se protege la industria local (menos de un 9% de la renta regional) mediante una barrera arancelaria única en la Unión Europea, el temible AIEM (Arbitrio sobre la Importación y la Entrega de Mercancías).
El comercio es otro de los sectores en los que el mazo de la discrecionalidad política de deja sentir con más fuerza. Una Ley de Segunda Licencia, recién aprobada (también por unanimidad, incluido el respaldo del "liberal" PP), veta la entrada de nuevas grandes superficies y somete las licencias ya concedidas a un retroactivo examen de sus condiciones.
Una de las consecuencias de este programa político es que Canarias tiene la cesta de la compra más cara del país, según indica el último informe de la OCU (Organización de Consumidores); una realidad escandalosa, teniendo en cuenta que, desde que Bruselas autorizó en 1994 el Régimen Específico de Abastecimiento (REA), las empresas agroindustriales del Archipiélago han recibido subvenciones por más de 250 millones de euros de fondos comunitarios destinados expresamente a la moderación de los precios de productos básicos.
Cambio de modelo económico, freno al desarrollo y, al fin, el tercer pilar del programa planificador que se cierne sobre Canarias: el control demográfico. Para ello, el presidente del Gobierno, Román Rodríguez, creó en octubre pasado un Comité de Expertos encargado de proporcionar un aval intelectual al mito de que Canarias está en el límite de su capacidad de carga poblacional, como consecuencia de la llegada masiva de foráneos (extranjeros legales e ilegales, peninsulares y comunitarios, todos son la misma carga para esta doctrina). En efecto, el Comité de Expertos del que forma parte, entre otros, Miguel Herrero de Miñón, ha dictaminado lo que el Gobierno quería escuchar. Su informe señala que "la población está llegando a copar la gran mayoría del suelo disponible en las Islas Canarias", pero no aporta ni un solo dato que sostenga tal afirmación.
Se ilustra la idea del exorbitado aumento de la población con una simple comparación de las tasas de crecimiento de los residentes de Canarias (10%) y la isla ultraperiférica de Reunión (5%) durante el periodo 1996-2001, pero no se completa el cuadro comparativo con las tasas de crecimiento del VAB de una y otra región, ni con la ficha financiera de una y otra en los fondos de la Unión Europea.
Se proclama que "no se puede contemplar el aumento regular y continuado de la población como algo normal", para en otro capítulo del informe reconocer que "el carácter abierto de la sociedad y de la economía de Canarias ha favorecido históricamente la confluencia de poblaciones de variada procedencia y características" y que, aunque "cualitativa y cuantitativamente diferente", la inmigración de la última década es "indivisible del proceso de crecimiento económico y social de Canarias".
El informe del llamado Comité de Expertos llega a conclusiones obvias, como la de que los inmigrantes (extranjeros legales e ilegales, peninsulares, comunitarios: todos la misma carga, para esta doctrina "apartheid") sólo compiten con la población activa de las Islas por los puestos de trabajo que requieren una mayor cualificación profesional, lo que indica, a su juicio, la necesidad de una "reconsideración de la política educativa y formativa" de la Comunidad autónoma, servicio provisto en régimen casi monopolístico por el Gobierno, de orientación nacional-populista.
Una clara mayoría de los 220.000 inmigrantes netos que Canarias ha recibido en la última década sólo ocupa nichos de trabajo que la población desecha, según el Comité de Expertos. Ésta lo hace porque el mercado laboral isleño es muy rígido, porque los incentivos a la movilidad entre islas no funcionan, y porque puede ganar más en la economía sumergida o cobrando el subsidio de desempleo.
El déficit educativo de Canarias alcanza un grado escandaloso, según ha detectado la Comisión Europea en su último informe (31 de enero) sobre la cohesión regional, también llamado "Informe Barnier". De acuerdo al mismo, el 61, 4% de la población de Canarias comprendida entre los 25 y los 59 años (el doble de la media comunitaria), sólo puede acreditar un nivel elemental de estudios.
El Gobierno, frente a los datos menos propagados de su propio Comité, sigue fomentando el miedo a una superpoblación foránea devoradora de recursos y oportunidades de empleo. En un "Pacto sobre Inmigración" promovido por el propio Ejecutivo para, según sus palabras, sacar la inmigración de la agenda política, se culpa a la "globalización económica (...) de las profundas desigualdades en los niveles de desarrollo humano", que, a su juicio, forman el caldo de cultivo de la inmigración, y se llama a "reorientar políticamente" esa globalización. No está mal, para tratarse de un manifiesto "despolitizado", al que se han adherido hasta las organizaciones empresariales; nada extraño en Canarias, si se tiene en cuenta que son las mismas organizaciones que defienden la moratoria turística y los distintos mecanismos de blindaje de los que disfrutan los gremios a los que representan. En otro documento anterior, el Gobierno ha llamado "godos" a los peninsulares residentes en las Islas. La indignación y la vergüenza que despertó esta descalificación entre los sectores más sensatos de la sociedad isleña obligaron a retirar la palabra, aunque su significado sigue vigente en el programa político del Gobierno.
El grupo de "sabios" ha llegado a la conclusión de que la primera intención de los nacionalistas, esto es, promulgar una Ley de Residencia, es inviable en el Ordenamiento Jurídico nacional y comunitario. No obstante, los expertos no cejan en su empeño de complacer la mano que hace de ellos unos ciudadanos notables, y proponen una nueva moratoria, esta vez para la segunda residencia. "Ya que no podemos impedir que vengan, impidámosles que se queden", parece ser la consigna de este "apartheid" que se desarrolla, con sigilo, en esta región alejada de la España peninsular y de la Unión Europea.
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