Tras años de vacilaciones, el gobierno de Aznar ha terminado por tener una postura de firmeza ante la tiranía castrista. Desgraciadamente, esa posición no se ha reflejado en el trato que reciben los cubanos que han conseguido llegar a España, por motivos políticos o económicos.
Una de las disposiciones de la ley que regula la inmigración obliga a que los extranjeros que consigan un visado para permanecer en España deben recogerlo, obligatoriamente, en sus países de origen. Al margen del absurdo económico de ese viaje de ida y vuelta, la insensibilidad política que demuestran las autoridades españolas responsables resplandece en el caso de los cubanos que se encuentran en esa situación, porque el gobierno cubano no les permite regresar a su país. Es más, en algunos casos, el consulado cubano en Madrid ha confirmado esa prohibición por escrito.
La ley permite a nuestros gobernantes una cierta flexibilidad en la interpretación de esa norma. Pero la pereza administrativa o el temor a soportar las críticas de las ONGs progresistas, que consideran a los cubanos huidos o expulsados de su país como auténticos gusanos, se ha traducido en declaraciones procastristas del delegado del gobierno en Madrid –luego convenientemente rectificadas– y en la inhibición del anterior delegado del gobierno para la extranjería y la inmigración, en la actualidad vicepresidente del gobierno de la Comunidad de Madrid.
La situación de Cuba no es comparable a la de ningún otro país iberoamericano. Así lo ha entendido el gobierno español que, sin embargo, no actúa en consecuencia con los cubanos que han escapado de la tiranía y todavía no tienen residencia legal en España.