La elección de Maria Emilia Casas como nueva presidenta de Tribunal Constitucional, el rechazo del CGPJ a la propuesta sobre la ley integral de violencia sobre las mujeres y la designación de Mariano Fernández Bermejo como nuevo fiscal jefe de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, son ya, en unos casos y pueden llegar a ser, en otros, motivo de preocupación ante nuestro ya debilitado estado de la Justicia.
Nuestro escepticismo ante la inesperada elección de Casas como sustituta de Jimenez de Parga no se fundamenta en que esta catedrática de Derecho Laboral, por muy “mujer y progresista” que sea, no ofrezca, ni de lejos, el bagaje profesional del prestigioso catedrático de Derecho Constitucional que ha venido a relevar; más recelo nos provoca el hecho de que se trate de una de los cuatro magistrados que votó a favor del amparo a la mesa nacional de Herri Batasuna contra la sentencia del Supremo que dictó el encarcelamiento.
Téngase en cuenta que uno de los más graves asuntos que tendrá que lidiar Casas como nueva presidenta del máximo tribunal, es el anunciado envite de los nacionalistas contra los fundamentos de nuestra Carta Magna. Que esta magistrada esté casada con Jesús Leguina Villa, ex magistrado del Constitucional también a propuesta del PSOE, asesor de este partido y del PNV y autor por encargo del Gobierno Vasco de un dictamen jurídico en contra de la Ley del Proceso Autonómico, la verdad es que tampoco nos ayuda a confiar en una imparcial y firme defensa de quien más ha de velar por nuestra Ley de Leyes.
Para colmo, la forma en que el secretario de Estado de la Justicia, Luis López Guerra, ha expresado su alegria por la elección de esta magistrada, nos hace temer que en el PSOE se siga teniendo la misma idea de división y contra peso de los poderes que se tenia en los tiempos del enterrador de Montesquieu.
Precisamente era Alfonso Guerra quien hace pocos días nos decía que “ZP ha resultado ser un bambi, no de peluche, sino de acero”. Y, ciertamente, la noción de la justicia como algo rendido al servicio del Gobierno y que tanto caracterizó la etapa de González, ya se está viendo aparecer en los escasos meses del nuevo gobierno socialista.
Este martes también se ha sabido que la comisión de estudios e informes del Consejo General del Poder Judicial ha rechazado por tres votos a dos —los dos designados por el PSOE— la propuesta de informe sobre la ley integral de violencia sobre las mujeres que excluye abiertamente a los hombres como posibles víctimas de los malos tratos. Pues bien, en lugar de esperar y aceptar posibles correcciones provenientes de un nuevo dictamen, el gobierno ha respondido de forma arrogante diciendo que el rechazo del CGPJ no es vinculante y anunciando su determinación a no esperar para aprobar la ley de marras.
Que aun haya habido dos miembros del CGPJ que hayan preferido dejar en evidencia su lealtad al partido que los nombró antes que advertir al Gobierno de algo tan jurídicamente elemental como que una ley no puede excluir de sus mecanismos de protección a victimas de malos tratos por razón de su sexo, nos muestra el uso y abuso que va hacer el PSOE de todos sus nombramientos judiciales.
Nada más revelador de este abuso partidista que nos espera, que la designación de Mariano Fernández Bermejo como nuevo fiscal jefe de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Los lectores ya pueden haceres una idea de la probidad e imparcialidad profesional de este fiscal que se jactó en la COPE de “ser de izquierdas y de actuar como tal”. Eso por no recordar muchos otros episodios en que este fiscal ha dejado orgullosamente acreditada su inquina anti-PP.
Pues bien. A pesar de perder la votación para el puesto en el Consejo Fiscal, Fernández Bermejo lo ha conseguido gracias al dedo del nuevo Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, quien a su vez debe su cargo al Gobierno. Y es que en este caso, la elección entre fiscales tampoco era vinculante...
En fin, que está claro que el nuevo talante de ZP nos retrotrae a los tiempos de González. El sectarismo lo quiere inundar todo, y está visto que el ámbito judicial no va a ser una excepción.