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Rubén Osuna

La derogación de la Constitución

Si se cede en esto pasaremos de un orden civilizado a otro regido por la ley del más fuerte, donde habrá que tener los ojos muy abiertos para no ser el plato del día.

Empieza a conocerse el proyecto de nuevo estatuto catalán que llegará al Congreso en breve. CiU se abstiene, pero como estrategia para forzar un texto aún más radical. El PSC y ERC han planteado un proyecto de Ley que, de aprobarse en Cortes, dejaría muerta y enterrada a la Constitución de 1978. A partir de este punto cualquier cosa cabría en ella y de cualquier forma podría reformarse. Alfonso Guerra ha dado un aviso pero, sorprendentemente, la Vicepresidenta De la Vega le ha mandado callar. Ibarra amenaza con represalias, si bien su margen de maniobra es escaso y es sabido que nunca pasa del berrido. Por su parte, Manuel Chaves retrasa el proyecto de nuevo estatuto andaluz a la espera de lo que pase con el catalán, pues podría volver a ocurrir que aquél acabe copiando éste palabra por palabra.
 
El Partido Popular lanza mensajes confusos y contradictorios, como siempre. Primero, tendrían que explicar a su base electoral qué pueden hacer realmente por frenar esto en las presentes circunstancias, y hasta dónde están dispuestos a llegar. ¿Pueden frenarlo en las Cortes? ¿Se puede confiar en el Tribunal Constitucional si se plantea un recurso? Después tendrían que explicar qué harían si no pueden parar este proceso. Han intentado vender la inoportuna reforma del estatuto valenciano como una alternativa, cuando la verdad es que todos estamos supeditados a lo que acabe pasando con el estatuto catalán. Si éste sale adelante en su forma actual el siguiente será el vasco, que adoptará las “conquistas” del catalán de forma automática, como mínimo, lo que supone en la práctica lo sustancial del plan Ibarreche. Con dos de las regiones más ricas desconectadas del régimen fiscal común (y veremos qué acaba pasando con la Seguridad Social si les conviene), y habiendo formado estados dentro del estado, con soberanía propia y capacidad de condicionar políticamente a los demás sin reciprocidad, la papeleta del resto de comunidades autónomas será muy difícil. Aquí ya no cabrán paños calientes, segundas vías ni cuentos chinos. No hay otra que el sálvese el que pueda.
 
Las comunidades relativamente más pobres querrán permanecer en un régimen fiscal común en el que queden al menos algunas comunidades ricas, especialmente Madrid y Valencia. Pero éstas acabarán adoptando el modelo catalán tarde o temprano, pues será muy difícil que los residentes en estas comunidades acepten renunciar a los privilegios de catalanes y vascos, y soportar solos el peso de lo que quede del estado. Ya no habrá argumentos para aceptar los sacrificios de una convivencia, y ni la solidaridad ni el marco legal vigente tendrán fuerza alguna. En definitiva, pulverizada la clave que sostiene el arco del estado todo es posible, todo vale, todo es cuestionable y negociable, pero para todos y en los dos sentidos. Si se cede en esto pasaremos de un orden civilizado a otro regido por la ley del más fuerte, donde habrá que tener los ojos muy abiertos para no ser el plato del día. No veo yo a los líderes políticos ni a la ciudadanía muy al tanto de lo que eso supone, pero ya iremos espabilando por la cuenta que nos trae.

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