Los economistas han venido señalando que depender del petróleo como recurso natural puede ser un desastre a largo plazo para una nación en desarrollo. Los ingresos de la exportación petrolera proporcionan inyecciones de efectivo que pueden distorsionar la economía de un país y enmascarar problemas estructurales, al tiempo que impiden las reformas. Los petrodólares actúan como un narcótico letal: un país antes empobrecido que dependa para su alivio a corto plazo de los beneficios del petróleo corre el riesgo de ser reducido a un adicto con el mono.
Los ingresos fáciles del petróleo también promueven el gobierno dictatorial, al permitir que los criminales nacionalistas adquieran armamento valioso con el que amenazar a los vecinos, o comprar a la disidencia interna con pródigos subsidios en efectivo. Quite el petróleo a Venezuela y Hugo Chávez será simplemente otro fracasado Castro. Evo Morales puede ofrecer el antiguo socialismo en bancarrota a la Bolivia recorrida por la pobreza en gran medida debido a las reservas de gas natural del país.
México también sufre este síndrome insano de exportación de petróleo, mientras el gobierno utiliza los beneficios de su ineficaz industria petrolera estatal para extender subsidios en lugar de implementar medidas creadoras de riqueza esperadas hace mucho. Pero peor aún, México sufre también un revés serio al recibir entre 10.000 y 15.000 millones de dólares anuales en transferencias del extranjero procedentes de la población desplazada a Estados Unidos.
Exportar su propia pobreza resulta ser aproximadamente el equivalente monetario a vender cada día en el mercado cerca de medio millón de barriles de petróleo a 70 dólares el barril. Los músculos de los antes residentes de México pueden demostrar ser tan nocivos para la salud a largo plazo de la economía del país como las prospecciones petroleras.
Millones de parados mexicanos dependen ahora del dinero transferido desde Estados Unidos, donde los salarios para empleados sin cualificación son hoy nueve veces superiores a los de México. A nivel nacional, tales subsidios, al igual que los súbitos beneficios del petróleo, suponen tan sólo el dinero suficiente para esconder el fracaso del gobierno a la hora de promover condiciones económicas apropiadas –a través de la protección de los derechos de la propiedad, la reforma fiscal, leyes de inversión transparentes, infraestructura moderna, etc.– que eventualmente llevarían a salarios bien pagados y vivienda decente.
Pensar que los cheques procedentes de trabajadores expatriados son perjudiciales puede parecer contrario al sentido común. Pero para una nación en vías de desarrollo, las remesas de los trabajadores en el extranjero pueden demostrar ser tan problemáticas como el proverbial infortunio del ganador de la lotería; beneficios súbitos que no fueron ganados. En pocas palabras, las remesas, junto con el petróleo y el turismo –no la agricultura, la ingeniería, la educación, la economía o la industria– sostienen una economía mexicana que de otro modo estaría moribunda. Esto ayuda a explicar por qué la mitad de los 106 millones de ciudadanos del país vive aún en la pobreza.
Los millones de dólares que los mexicanos en Estados Unidos envían de vuelta a su país suponen otro dilema económico y ético. Muchos extranjeros ilegales en Estados Unidos destinan casi la mitad de sus pagas semanales a parientes en México. Pero tales deducciones salen directamente de los presupuestos de comida, vivienda y transporte de los trabajadores aquí. De modo que, para sobrevivir, los extranjeros ilegales en Estados Unidos tienen que soportar viviendas baratas, por debajo de la media, y a menudo superpobladas. No pueden comprar fácilmente su propio seguro sanitario o invertir en coches seguros y fiables.
Puesto que Estados Unidos es una nación sensible, a menudo el Estado interviene para ofrecer a los extranjeros ilegales derechos caros –medicina de urgencias, asesoramiento legal, vivienda y comida con subsidio– que proporcionan una especie de paridad a todos sus residentes.
Y cuando a los extranjeros a menudo se les paga en negro –es decir, al margen de los libros– el problema de las transferencias sólo empeora: el beneficiario, México, aún obtiene ayuda de la paga de los trabajadores, al tiempo que el benefactor, Estados Unidos, no recauda impuestos.
Junto con la falta de conocimiento del inglés, el estatus de ilegal, y la educación insuficiente, las remesas explican la pobreza de muchos extranjeros mexicanos en Estados Unidos. En el suroeste americano es hoy posible ver comunidades formadas exclusivamente por nacionales mexicanos cuyo estándar de vida no cumple las normas nacionales.
A menudo los norteamericanos son culpados de tales disparidades, como vemos en las recientes manifestaciones de inmigración. Pero la tragedia es más compleja que el fracaso a la hora de ofrecer a los trabajadores suficiente compensación, especialmente cuando tales comunidades son a menudo receptoras de millones en dólares federales para mejorar las escuelas, las carreteras y las fuerzas policiales que no pueden mejorarse sólo con los impuestos de los residentes locales.
Si se pusiera fin de alguna manera a las remesas, sería cruel. Pero a largo plazo sería más cruel aún no tratar un sistema averiado que facilita tales transferencias masivas, tanto para los millones aquí con necesidad acuciante de conservar todas sus ganancias, como para los millones de México con acuciante necesidad de vastas reformas estructurales.