Es bien sabido que los presos comunes rechazan especialmente a sus compañeros reclusos por delitos sexuales. Hasta en esos espacios de la marginalidad subsiste la especial inquina que acrisola nuestra cultura cristiana contra todo lo relacionado con el sexo.
Pero no habría de ser esa subjetividad cultural rencorosa la justificación de medidas drásticas contra la pedofilia y las agresiones sexuales en general, sino la pulsión aparentemente incorregible de esa conducta sexual anómala. Las estadísticas son tozudas: el delincuente sexual reincide más que cualquier otro tipo de recluso; o para ser más exacto, su reincidencia es incorregible (en EE.UU., un 30%). Y es que el desajuste en su sistema hormonal altera y pervierte respuestas civilizadas ante el deseo. Por decirlo de forma sencilla: la biología dirige sus impulsos y se antepone a su voluntad.
Ante ello, ¿por qué los derechos sociales de una persona que está inclinada a los abusos sexuales más allá de su voluntad habrían de prevalecer sobre los de sus víctimas? ¿Por qué las víctimas futuras han de sufrir la intranquilidad de vivir con miedo y, por el contrario, el Estado entero se desviva por no perjudicar el derecho a la libertad y a la integridad física de los violadores, cuando estos no garantizan el derecho de los demás? (Nada tienen que ver estas dudas con el debate seguridad/libertad. Siempre la libertad, porque incluso cuando ésta se repliega, sólo debe ser para preservarla, nunca para sustituirla. El reino de la seguridad suele implicar la libertad para cuatro y la más absoluta inseguridad para todos los demás.) ¿Por qué mujeres y niños inocentes habrían de perder su derecho a ser protegidos, mediante inhibidores sexuales aplicados a sus verdugos, frente al derecho de violadores y pedófilos a no verse mermados en su plenitud físico-sexual?
Todas estas preguntas se podrían y deberían hacer, a condición de que la premisa, los delincuentes sexuales son incorregibles, fuera cierta. Pero de momento sólo se ponen los expertos de acuerdo en que hay un número elevado, refractario a cualquier tipo de reinserción, pero no en todos los casos. Y además, la castración química no garantiza que la causa de su conducta criminal se deba exclusivamente a una alteración biológica sino que, en un número significativo de casos, convive la tendencia biológica con caracteres violentos. En estos casos, tratar sus impulsos biológicos dañinos no impediría otras conductas criminales originadas en su personalidad conflictiva. ¿Cómo distinguir entonces entre esclavos biológicos y delincuentes recuperables?
Las preguntas precedentes no son atolondradas, porque si la ciencia lograra localizar con toda certeza la causa biológica de una conducta esclavizante, la respuesta médica no habría de levantar sospechas, porque de no corregirla así, sería tan inútil hacerlo con métodos ejemplarizantes como castigar con penas de prisión a un perro por matar a un niño. La reinserción tiene sentido entre quienes tienen sentido moral de las cosas y libertad para elegir. El perro carece de las dos. Sería inútil enseñar a un animal a discernir moralmente, y de estúpidos intentar convencer o amenazar a la naturaleza para que nos libre de ciclones y terremotos. Ante ellos hay que prepararse y defenderse y cuando disponemos de ciencia y técnica para dominarlos, aplicarlos para disminuir o anular su capacidad destructiva.
Sin embargo, nuestro sistema jurídico y moral agota en la reinserción el fin de toda conducta insociable. No contempla otras consideraciones, porque la creencia generalizada de que nuestra conducta es fruto en exclusiva de nuestra cultura y voluntad impide contemplar lo que la ciencia deja cada día más patente: la biología tiene una importancia capital en nuestro comportamiento. En el siglo XVII Galileo Galilei echó por tierra el principio de autoridad con que los sabios de la época revestían su dogmatismo; hoy empieza a ser urgente, ante la impotencia que produce la impunidad del crimen, que nuestros jueces, políticos e intelectuales dejen de recurrir a la descalificación cada vez que alguien propone cuestionar las respuestas que da hoy el Estado ante el mal.
Es peligroso legislar a "golpe de emoción", ha criticado la Unión Sindical de Magistrados (USM) ante la propuesta de Sarkozy de castrar químicamente a los pedófilos reincidentes. Ciertamente es peligroso legislar a golpe de emoción, pero más peligroso aún es que te violen o te troceen. Este tipo de delito no nació ayer y algunos estados –entre ellos, Alemania, Estados Unidos y varios países nórdicos– practican ya la inhibición sexual como freno a la pedofilia y la violación.
Es evidente que deberíamos ser prudentes ante propuestas como las de Sarkozy, pero su iniciativa habría de marcar el fin de ese principio de autoridad de nuestros días por el cual cualquier cosa que se oponga a la reinserción social se descalifica, en vez de argumentarlo en condiciones morales de igualdad.
