En medio de la alarma colectiva, los demócratas, con el recetario keynesiano en la mano, se afianzan en el lema de la "redistribución de la riqueza" que Obama sacó a colación al final de la campaña electoral.
Últimamente los estadounidenses no ganan para sustos de índole económica. Desde el desplome de la burbuja inmobiliaria y cómo esta debacle ha incidido en la Bolsa y en la capacidad crediticia, los disgustos para el ciudadano medio no han dejado de sucederse: el desempleo se ha disparado, el mega plan de rescate es un pozo sin fondo y en Wall Street se multiplican los casos de personajes siniestros como Bernard Madoff, cuya estafa piramidal ha causado destrozos en otras partes del planeta.
A pesar de las crisis que el país ha sufrido periódicamente desde el histórico crash del 29, los americanos siempre han confiado en el plan voluntario de pensión o el sistema de inversión para el retiro llamado 401 K, por medio del cual el empleado aporta un porcentaje de su salario a un fondo de inversiones en la Bolsa y la empresa para la que trabaja contribuye con una cantidad determinada a este mecanismo de ahorro al que sólo se puede acceder después de los 65 años. En caso de que el trabajador quisiera disponer antes de ese capital, estaría sujeto a una penalización.
En los Estados Unidos ya son cosa del pasado los tiempos en los que uno trabajaba en la misma compañía hasta el momento de la jubilación y se llevaba a su casa el fruto de toda una vida de esfuerzo y ahorro que proveía el 401K, combinado con la modesta pensión que el Seguro Social garantiza. Un empleado de un gran conglomerado como la General Electric o General Motors podía retirarse con un patrimonio decoroso y vivir desahogadamente. Ahora, sin embargo, con una población envejecida que cada vez vive más años y posiblemente deberá permanecer en la fuerza laboral hasta por lo menos la setentena, el idilio con el 401 K comienza a tener visos de quimera inalcanzable. De hecho, debido a la recesión, muchas empresas están suspendiendo la contribución que ofrecían y todos aquellos que están a punto de jubilarse han comprobado, con pavor, que sus huchas se han vaciado por la caída de las acciones en la Bolsa.
En medio de la alarma colectiva ante la inesperada fragilidad de algo que parecía sólido, los demócratas, con el recetario keynesiano en la mano, se afianzan en el lema de la "redistribución de la riqueza" que Obama sacó a colación al final de la campaña electoral, con el objetivo de que el Gobierno juegue un mayor papel regulador en las decisiones de los ciudadanos. Precisamente, en los últimos meses, la economista Teresa Ghilarducci, profesora de la progresista New School University, se ha convertido en un referente de la nueva política obamista, a raíz del debate nacional que ha provocado su libro, When I’m sixty-four: the plot against pensions and the plan to save them. Ghilarducci considera que los métodos tradicionales de ahorro han fracasado y propone un plan gubernamental de retiro en el que obligatoriamente los trabajadores deberán apartar el 5% de su salario y anualmente, al tiempo que el Gobierno aportaría a ese plan de ahorro la cantidad de 600 dólares. Ya no se trataría de una iniciativa voluntaria y el Estado sería el administrador y custodio de ese dinero. Dicha propuesta ha levantado ampollas entre quienes creen que, si bien el plan voluntario de retiro vive sus horas más bajas, sería aún peor que el Estado y sus burócratas gestionen los ahorros individuales destinados a aliviar los rigores de la vejez.
No cabe duda de que en una época de tanta inclemencia, el canto de sirena de Obama y sus asesores puede resultar seductor. Pero cada vez que los trabajadores reciben los informes mensuales de un 401 K que se desinfla como un globo sin aire, muchos se preguntan si queda alguna riqueza por redistribuir. El panorama invita a la melancolía.
