Ante que nada, una aclaración. El artículo que titulé ¿Una "libertad" que exige más impuestos?, y en cuyo cintillo, a modo de subtítulo, escribí la palabra "Enseñanza", fue publicado en este diario como si de una "Réplica a Esplugas" se tratara. Lo cierto es que yo en mi artículo no replicaba a Albert Esplugas en ninguna de las acepciones que tiene la palabra réplica, esto es, no me limitaba a reproducir los argumentos de Esplugas ni tampoco discrepaba o argüía contra ellos. Tan sólo utilizaba algo escrito por él para desarrollar mi critica a la falta de libertad que tienen los padres para elegir centro escolar para sus hijos y la falta de libertad que tienen a su vez los centros escolares para enseñar en las lenguas que les plazcan.
Es por ello por lo que, sin tener el gusto de conocer a Albert personalmente, pero sí habiéndole leído, no me extraña que en su comentario diga que tiene "pocos matices" que añadir a lo que yo he escrito, matices que, supongo yo, irán en la línea de desarrollar los defectos que aún arrastra el cheque escolar y, en general, cualquier presencia estatal en el ámbito educativo.
Caso diferente puede ser el de mi otro compañero Raúl Vilas. Evidentemente, lo caro es la imposición, tal y como dice Raul en el título de su artículo. Esa es la razón por la que no sólo moralmente, sino también desde un punto de vista económico, me opongo a cualquier imposición en materia lingüística, incluidas las que propone Feijóo o Galicia Bilingüe para casi la mitad de asignaturas.
Ahora bien, no todas las imposiciones tienen el mismo coste. Que todos los centros escolares estén obligados a impartir la enseñanza, por ejemplo, en castellano, no supone tanto gasto público como obligar a todos ellos a que enseñen en castellano pero también obligarlos a que lo hagan en gallego. Y es que, dado el sistema de planificación central de la enseñanza que padecemos, en el que los padres no pueden elegir el centro escolar de su preferencia sin perder por ello la "gratuidad" que pagan con sus impuestos, obligar a todos lo centros a impartir la enseñanza en gallego y en castellano es la única forma que tienen sus cautivos alumnos de poder elegir entre ambas lenguas. Raúl cree que ello no supondría un incremento en el gasto público dado que, según las encuestas, sólo un 20 por ciento de los padres elegiría la educación exclusivamente en gallego. El problema está en que ese porcentaje con el actual sistema no se traduciría como cree Raúl en la obligación de dejar en Galicia un porcentaje similar de centros a disposición de los que eligieran el gallego, sino en la obligación de todos los centros de tener aulas y profesorado dispuestos a enseñar también en gallego a la exigua minoría de sus alumnos que así lo reclame. Y es que dada la asignación territorial que hacen las administraciones públicas en nuestro sistema educativo, todos los centros tendrían que tener tantas aulas como lenguas elegidas. Eso o cambiar el criterio de asignación de alumnos por centro, que ya no sería en función de proximidad, sino de elección de lengua.
Dice Raúl que "atribuir a la propuesta de Feijóo un menor coste impositivo a los contribuyentes gallegos es absolutamente erróneo". Y efectivamente lo es, pero sólo dependiendo de con qué lo comparemos. Yo lo que digo es que si lo que pretendemos es que en cada centro escolar de Galicia los alumnos, según sus preferencias, puedan cursar sus estudios en inglés por un lado, en castellano por otro y en gallego por otro, todo en el mismo centro, ello conlleva mucho más gasto público que obligar a todos a estudiar en las tres lenguas. Lo que también digo es que lograr que en cada centro escolar los alumnos puedan estudiar en castellano, por un lado, y gallego por otro puede ser más caro que obligar a todos los alumnos a estudiar en esas dos lenguas. Lo que reivindico es que no se imponga a los centros escolares ninguna lengua, que estos tengan plena libertad para elegir la que quieran y que los padres tengan el derecho a través del cheque escolar de elegir cuál de esos centros financian con sus impuestos.
Y es que a nadie debería extrañar que una libertad de elección edificada sobre bases liberticidas pueda seguir mermando nuestra libertad, aunque sólo sea en forma de aumento de impuestos.