Con motivo de la disputa de la Copa del Rey en Bilbao se ha celebrado en la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la UPV un debate acerca del actual mercado laboral regulado por el real decreto 1006/1985, más conocido como ley del deporte. En la primera ponencia Miguel Cardenal, catedrático de derecho deportivo, hizo una crítica bastante severa de los escasos aciertos y bastantes errores de la propia ley, pero sobre todo de su escaso desarrollo. También afirmó que la realidad del deporte profesional, en franca crisis y con una acumulación de deuda espectacular en los clubs, pone de manifiesto el fracaso de la actual fórmula, pero tampoco es muy optimista respecto a la eficacia de la anunciada Agencia Nacional para el control del gasto. Aseguró que la solución al deporte profesional pasa por la negociación colectiva, con unos contenidos claros y detallados y el establecimiento de un reparto de ingresos más racional. Cardenal apuntó además que la actual ley falla al delimitar el ámbito de aplicación de la profesionalidad, y afirmó que la nueva ley tiene que separar el deporte espectáculo con gran impacto económico del deporte base con pequeñas gratificaciones, entre otros motivos porque la actual ley hace que un chaval que cobra unos pocos euros por ganar un partido pueda ser considerado profesional igual que un deportista de élite que gana millones. Por último puso de manifiesto la poca adecuación del derecho laboral al caso de los deportistas profesionales, cuyos contratos son necesariamente temporales pero son tratados a efecto de extinción como si fueran indefinidos, y el mal encaje de los ERE y los concursos de acreedores que tampoco están pensados para los deportistas y los clubs, y que se utilizan prácticamente como un fraude de ley.
Esther Queraltó, secretario general de la ACB, explicó la doble vertiente que tiene la ACB como organizador de competiciones y como patronal que firma acuerdos con el resto de asociaciones como el sindicato de jugadores, ABP, y el de entrenadores, AEEB. Señaló que actualmente los jugadores se llevan entre el 80 y el 90 por ciento de los ingresos de los clubs, lo que ha creado una situación insostenible que el baloncesto profesional no se puede permitir, con clubs que amenazan con no cumplir sus compromisos financieros a media temporada, lo que pone en duda la credibilidad deportiva y económica de la competición. Queraltó expuso que la ACB apostó por dos vías de sostenibilidad: un convenio, que a pesar de todos los problemas y de su antigüedad considera todavía válido, y un mecanismo de control de los clubs, similar al propuesto por la nueva ley, que en la ACB funciona desde el 2003 y ha tenido ya al CB Girona como víctima de su estricta aplicación. Afirmó que el actual convenio es bastante atípico por no tener delimitado su ámbito de aplicación ya que la ABP representa a algunos jugadores, los nacionales y comunitarios o asimilados, pero no al resto, y también que el actual sistema de cupos además de tener problemas de adecuación al marco legal comunitario ha generado una gran inflación en los salarios de los jugadores llamados seleccionables.
Juan José Seoane, presidente del Tribunal Vasco de Arbitraje Deportivo y asesor legal del Saski Baskonia, fue más allá en sus críticas a la actual ley expresando que es preciso una reforma total del sistema actual y un nuevo enfoque sobre la regulación del deporte profesional. Afirmó que el actual modelo está basado en el deporte del siglo XIX practicado por gentleman y que el próximo modelo tiene que apartarse del poder federativo y sus farragosas estructuras piramidales internacionales, que ignora a gran parte del deporte profesional y que no ha conseguido evitar las quiebras a pesar de las montañas de papeles generadas por los auditores. Seoane afirmó también que hay un exceso de dinero público en el deporte profesional y criticó duramente a los medios de comunicación que ensalzan las victorias como único valor aunque se consigan a costa de la ruina económica de los clubs, y que son injustos al criticar en el baloncesto la aplicación de una misma ley que luego ensalzan cuando se refiere al fútbol. Finalmente propuso que el nuevo marco legal debe contemplar un modelo específico para el deporte profesional basado en la plena libertad de contratación, una auténtica responsabilidad económica de los clubs profesionales y el establecimiento de mecanismos de colaboración entre el deporte profesional y el de formación o mantenimiento.
La mesa de debate fue tan interesante como las ponencias y tuvo intervenciones de gran nivel. El presidente del club local, JJ Davalillo, reclamó menos limitaciones federativas para los clubs que al final son los que se juegan su dinero y una apuesta clara por el deporte espectáculo pero vendiendo a la masa social de los clubs un sentimiento de identidad. Patxi Mutiloa, director del Deporte del Gobierno Vasco y con experiencia en la gestión deportiva profesional, afirmó que compartía la visión de Seoane casi al cien por cien y que el deporte profesional no tiene futuro si no tiene como uno de sus ejes la rentabilidad de los clubs. Comentó lo anómalo que es el hecho de que el negocio no está en el núcleo de las SAD, y que son los medios, los agentes, los jugadores y algunos directivos los que ganan mucho dinero alrededor de una actividad deficitaria con una estructura de ingresos en crisis por el decremento de patrocinios y subvenciones.
Creo que hay que felicitar a Koldo Irurzun, director Kirolan del Observatorio de Empleo Deportivo, por la organización de la jornada de este sábado que ha tenido un gran éxito de público y con unas intervenciones de gran nivel, y también hay que agradecer su presencia a Rafa Jofresa, vicepresidente de la ABP, cuya participación no estaba prevista y que se prestó al debate en un entorno tan hostil a sus tesis sindicales y tan favorable a la libre contratación de deportistas profesionales.