En el debate que hubo en la jornada objeto de mi anterior artículo, uno de los temas recurrentes fue la necesidad de disminuir las ayudas públicas al deporte y que los gestores de las competiciones deportivas se fueran ajustando paulatinamente a la realidad económica actual teniendo la orientación empresarial y la autofinanciación como eje fundamental de gestión. En los últimos años, gran parte del deporte profesional se ha financiado mediante ayudas públicas, subvenciones; semipúblicas, obra social de las cajas de ahorro; o "parapúblicas", mediante inmobiliarias o constructoras que gozaban de concesiones o adjudicaciones a condición de financiar a los equipos locales. Esto ha sido la aportación fundamental de las administraciones públicas, pero estas no sólo han financiado el deporte por acción sino también por omisión, aceptando aplazamientos del pago de impuestos y de las cotizaciones a la Seguridad Social en condiciones ventajosas respecto a otros sectores o respecto a un contribuyente anónimo sin significación "social".
Está claro que, en la situación de recesión actual, con acuciantes problemas sociales y centenares de miles de familias en situación precaria o incluso extrema, es imposible justificar un trato favorable a unas entidades que han incurrido en déficits excesivos básicamente por haber pagado demasiado a unos deportistas profesionales que ganan cantidades excesivas en relación con los ingresos generados por su "industria". El problema es que pasar de repente de una situación de "manga ancha" a otra de inflexibilidad absoluta o de tratamientos arbitrarios puede provocar el colapso de algunas competiciones o su manipulación de forma indirecta.
La Agencia Tributaria está empezando a ser mucho más exigente con los clubs, pero al no hacerlo de forma equitativa y homogénea se están produciendo agravios comparativos entre clubs que participan en la misma competición pero que tienen un mayor o menor margen de actuación en sus contrataciones en función del criterio que se le aplique. Así, los clubs que han conseguido generar liquidez mediante la venta de algún activo han tenido que pagar la deuda íntegra y los clubs que no han podido o no han querido generar liquidez y están al borde de la disolución por su desequilibrio patrimonial están negociando nuevos plazos y condiciones que incluyen quitas de parte de la deuda para favorecer la viabilidad económica y los pagos futuros.
El caso que ha tenido más repercusión en nuestro baloncesto fue el ocurrido el pasado verano en Badalona, que formó parte del culebrón de Ricky Rubio. El Joventut estaba negociando con la Agencia Tributaria un aplazamiento de impuestos, tal y como se estaba haciendo de forma habitual, y ofreció como garantía unos bienes inmuebles, pero para su sorpresa se les requirió el contrato de Ricky Rubio, cuya cláusula de rescisión superaba con creces la deuda y que en ese momento no suponía una garantía real, como una propiedad inmobiliaria más o menos sobrevalorada, al tratarse de un derecho presunto que podía hacerse efectivo o no. Finalmente, el FC Barcelona pagó el importe record de la cláusula y la Agencia Tributaria pudo "cobrarse" directamente la deuda, lo que no es censurable en sí mismo, pero que ha supuesto para el Joventut una desventaja respecto a otros clubs que están en una situación similar o peor y que disfrutan de unos jugadores que podían haber vendido para no incurrir en embargos o concursos de acreedores.