En el panorama político catalán están representadas todas las opciones políticas catalanistas, incluso sobrerrepresentadas las soberanistas, pero infrarrepresentadas las que abogan por el Estado constitucional de todos. Las consecuencias son a la vez causa de la deriva suicida de España como Estado y manifestación del declive irreversible de Cataluña como potencia económica.
En doscientos años, Cataluña ganó en población y creció económicamente. Desde que el nacionalismo se instaló en el año 1980 con Jordi Pujol, comenzó un declive demográfico y económico sordo, solo amortiguado por el ruido de la construcción nacional que a la vuelta de tres décadas ha descabalgado a Cataluña de la primera posición económica, a la cuarta. Por delante, Madrid, Baleares y Valencia. Hoy, en Cataluña, los hijos de la burguesía emprendedora del pasado ya no crean empresas, viven del negocio nacional. Son sus funcionarios. Y se quejan. Y devoran presupuestos. En su parte más folklórica, justifican la deriva a ninguna parte con el expolio fiscal. O piden el consorcio económico. Y si viene al caso, arremeten contra el cliente: "Madrid es una fiesta fiscal y en Andalucía no paga impuestos ni Dios". Una falsedad gratuita y un error descomunal. Atendamos a las cifras: Cataluña vende al resto de España el 54% de su producción, más que el conjunto de todas las exportaciones al extranjero (el 46%, del cual, el 68 % lo hace a la UE). En términos de saldo comercial, Cataluña tiene un saldo a favor respecto al resto de España de 19.782 millones de euros.
¿Qué sentido tiene enemistarse con nuestros mejores clientes? No es rico el empresario por ser empresario, sino por vender lo que produce. Y para eso necesita clientes.
Los errores se pagan. Cuando el declive se ha instalado, ya es demasiado tarde para remontar el vuelo con facilidad. Pero aún no lo saben los que nos han llevado a esto. Es preciso recordárselo en cifras: hoy Cataluña ha perdido capacidad de influencia en los mercados internacionales comparado con la Comunidad de Madrid. ¿Se acuerdan de "aquella aldea manchega"? Hoy, la inversión extranjera en Madrid es del 65% del total de las inversiones en España y sólo llega al 11,66 % la inversión extranjera en Cataluña. Igualmente perdemos el tren de la historia con nuestras propias inversiones en el extranjero. Sólo el 8% del total, mientras Madrid lo hace con un 32%. Mientras tanto, el 89% de nuestras energías políticas las dedicamos a cuestiones identitarias, a poner trabas administrativas, a levantar barreras lingüísticas a trabajadores y empresas, a despilfarrar presupuestos en medios de propaganda públicos, a multar y humillar la libre iniciativa de comerciantes por rotular en castellano y a remarcar diferencias con el resto de españoles en lugar de reforzar empatías, valores comunes y afianzar mercados. De tanto ensimismamiento hemos dejado de reparar que el resto de España es nuestro mejor cliente y, a la vez, el aire y la luz de una trama de sentimientos imposible de deshilachar sin provocar desgarros familiares, sociales y políticos.
Esto no se arregla sólo con medidas económicas, ni atajando la corrupción visible, ni yendo a la contra como un partido de influencia exclusivamente autonómica, sino redefiniendo estructuras políticas de calado que devuelvan la dirección política del Estado al Gobierno de la nación. Es decir, debe ponerse coto al despilfarro y a la deslealtad del Estado autonómico. A esto en UPyD se le llama Estado federal cooperativo que cierre la brecha del Estado autónomo y otorgue las mismas competencias, la misma financiación y la misma capacidad legislativa a todas las federaciones.
Por eso, Unión Progreso y Democracia (UPyD) no es un partido más, ni se multiplica en franquicias con las que negociar los derechos específicos de las partes; nació para defender el Estado, es decir, para defender la igualdad y la libertad de todos los españoles vivan donde vivan del territorio nacional. Nació para defender los intereses comunes, esos que los partidos nacionalistas no respetan porque sólo se preocupan de lo suyo. Allá ellos, tienen derecho a ser egoístas.
Y nació para defender los intereses comunes porque el PSOE y PP han renunciado a ser partidos nacionales forzados por sus barones territoriales, que en su afán por competir con los partidos nacionalistas, han cuarteado los derechos comunes de todos los españoles. Por eso UPyD no se quiere hacer perdonar en Cataluña a través de un partido catalán camuflado y aceptado por la omertá como mal menor. Cualquier dictadura blanca que se precie, ha de justificar la exclusión haciendo ver que todos tienen sitio en el oasis. Sitio y perímetro. Sobre todo perímetro, que es lo mismo que collar y correa. El perímetro de las fronteras nacionales trazadas por las fuerzas del nacionalismo. Refuerzan el sistema de taifas al atomizarse en partidos regionales. Desde una de las partes no se puede dirigir ni reformar el todo. Pero se puede dificultar el funcionamiento de los partidos nacionales que pretenden dirigir desde la visión conjunta del todo. La propia limitación de partido regional, refuerza formalmente la idea de una España confederal, con intereses específicos, con problemas particulares que gestionan su existencia sin necesidad del conjunto, del Estado, y que a la hora de organizarse, el sistema mismo conduce a relaciones de bilateralidad.
Si UPyD llega al Parlamento el próximo 28 de noviembre, llevará los intereses comunes de todos los españoles, es decir, llevará consigo al Estado como primera prioridad. Es la fórmula más eficaz de defender los intereses de todos los catalanes, porque si España se empobrece, Cataluña se hunde. Pero no es sólo una cuestión económica, es preciso devolver la legitimidad al Estado constitucional y a sus instituciones, hacer eficaces las administraciones, garantizar el buen uso del dinero público y devolver los derechos lingüísticos a todos los ciudadanos.