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La situación económica en Estados Unidos resulta tan intolerable para la mayoría de los ciudadanos que en las últimas semanas el presidente Obama, con verdadera dedicación, ha intentado llegar a un acuerdo con los republicanos. El terreno en el que el presidente y la oposición se han encontrado es –no resulta extraño en estas tierras– la rebaja de impuestos. Por supuesto, ha habido un sector del Partido Republicano que ha considerado que el recorte de la presión fiscal resulta insuficiente, pero, al final, el deseo de sacar a la nación adelante y de dar una imagen de arrimar el hombro permitió la semana pasada llegar a un consenso.
Pues bien, en las últimas horas, todo parece indicar que el primer éxito de Obama en materia económica puede venirse abajo por causa de sus propios compañeros de partido. Concretamente, dos congresistas demócratas de Washington, Jim McDermott y Jay Inslee, han comenzado a redactar una carta que se entregaría a la mayoría demócrata del congreso y que, de llegar a reunir sesenta firmas, impediría presentar el proyecto de ley ante el legislativo. La razón es que tanto McDermott como Inslee forman parte del ala izquierda del Partido Demócrata y consideran absolutamente injustificado que se rebajen los impuestos.
Desde su punto de vista, una medida semejante no sólo no reactivaría la economía sino que además privaría a los políticos de los recursos suficientes para socorrer a las víctimas de la crisis. Si los dos demócratas –a los que apoya abiertamente algún congresista republicano– se van a salir con la suya es algo que se descubrirá en las próximas horas, pero lo más relevante es la manera en que este episodio deja de manifiesto las diferencias entre una democracia como la norteamericana y otra como la española cuya constitución esta semana cumplió su trigésimo segundo aniversario.
De entrada, en Estados Unidos, congresistas y senadores son la voz de sus representados y defienden, por encima de todo, sus intereses. Naturalmente, cuentan con plataformas electorales más escoradas hacia la izquierda o hacia la derecha, pero saben que tendrán que rendir cuentas ante sus electores y no ante la cúpula de sus partidos que, dicho sea de paso, tienen una estructura muy distinta a los españoles. Por añadidura, esa defensa de intereses concretos obliga al presidente a buscar el pacto, pero no, como en España, entregando el dinero de todos a partidos concretos, sino encontrando puntos de encuentro que beneficien al mayor número de ciudadanos. Por supuesto, los acuerdos a los que llegan el presidente y el legislativo pueden resultar discutibles e incluso erróneos, pero siquiera porque cuatro ojos ven más que dos la posibilidad de equivocación se ve reducida considerablemente. Al fin y a la postre, los políticos tienen más difícil convertirse en una casta separada de los ciudadanos y éstos conservan un notable poder de control sobre los políticos. No es poco por mucho que les pese a los enemigos por sistema de Estados Unidos y de los anglosajones.